
Rebasados por el agua
Las conferencias mañaneras tenían la virtud de controlar la narrativa de los acontecimientos. Ahora se perdió ese control y ocurrió desde afuera. El gobierno federal perdió el control de la narrativa de los acontecimientos.
Así ocurrió con la corrupción y postergación de la compra de medicinas, con el caso de SEGALMEX, la captura del Chapo Guzmán, con el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California y ahora con la intervención de las instituciones financieras por parte del Tesoro de los Estados Unidos.
Se perdió el control de la narrativa; el equipo de “opinión sincronizada” pasó a ser de “contorsión sincronizada”. Los canales de difusión y comentaristas del equipo se vieron obligados a cambiar de opinión en días y, en el último caso, en horas.
La Casa Blanca, al igual que Trump, acusa al gobierno mexicano de tener una “relación intolerable” con los cárteles de la droga. Los hace responsables de la pandemia del fentanilo en su país. Así Trump convirtió el tema de la seguridad en el factor más importante de la relación con México.
El miércoles 25 de junio nos enteramos de que el Departamento del Tesoro
De los Estados Unidos, había identificado a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y la casa de valores Vector. La acusación es simple pero contundente: “una preocupación principal en materia de lavado con el tráfico ilícito de opioides” y prohibió la transacción de los activos de esas financieras en el país.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La Secretaría de Hacienda pidió al Departamento del Tesoro de EE.UU. pruebas del lavado de dinero de esas instituciones señaladas. El equipo de “Opinión Sincronizada” se sumó a la campaña de “no hay pruebas”.
El problema es que, como en el caso del Mayo Zambada, son las instituciones mexicanas las que piden información sobre lo que pasa aquí. Recordemos que el año pasado Alejandro Gertz Manero le exigió al gobierno de los Estados Unidos en lo que llamó “el secuestro del Mayo Zambada”. una “explicación” de lo ocurrido.
La presidenta sostuvo que estas acusaciones no pueden proceder «con dichos, sino con pruebas contundentes». Dicho eso, el equipo de comunicación replicó hasta la saciedad que no había pruebas. Horas más tarde, la Secretaría de Hacienda y, posteriormente, la Bolsa Mexicana de Valores anunciaban la intervención a las instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro.
Tenemos una crisis en la relación con Estados Unidos y este aprovecha nuestra debilidad institucional para darnos golpes así beneficiar su negociación, pero sobre todo atender su mercado interno y dar respuesta a sus votantes.
A más de seis meses no hemos aprendido la lección y seguimos cometiendo estos errores:
1. Incapacidad de adaptación al nuevo gobierno de Trump. En seis meses no hemos podido descifrar su forma de actuar.
2. Incapacidad de prevención. Ahora estamos bajo amenaza permanente, por eso deberíamos estar atentos a todos los flancos. Sin embargo, nos siguen sorprendiendo y rebasando los acontecimientos.
3. NO hay narrativa que unifique frente a la crisis. Pasamos del “no tenemos información”, “me malinterpretaron”, “son rumores”, “no hay pruebas” a aceptar la realidad.
Estas fallas en la estrategia de comunicación no son menores. Para que un modelo de comunicación funcione y deje de ser un simple instrumento de propaganda y retórica. Debe estar acompañado de acciones concretas que minimicen los efectos de la crisis: acciones concretas en seguridad, justicia y atención a las causas.
En el caso concreto de las instituciones financieras en comento, si se acredita que omitieron controles de manera intencional, que facilitaron sus estructuras o que participaron en la estructura criminal. Una acción penal que termine en condena debe ser contundente.
Nos recuerda un brillante penalista que desde 2016 las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables. La investigación penal comienza con la apertura de la carpeta de investigación a través de la Fiscalía de la Delincuencia Organizada (FEMDO) esto puede ser de oficio o por denuncia. Los delitos imputables serían: Lavado de dinero, delincuencia organizada, delitos bursátiles y, de acreditarse, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite el aseguramiento de bienes, cuentas, inmuebles y activos digitales vinculados al delito. Se puede inmovilizar dinero, bloquear transferencias, incautar inmuebles y decomisar infraestructura.
Si realmente queremos enfrentar la embestida de la Casa Blanca y evitar mayor daño a #Mexico debemos prever el siguiente movimiento. No se requiere ser pitonisa o nigromante: Hay que desvincular a los corruptos del poder.
«El escándalo ha muerto, ya nada nos sorprende”, dijo André Breton a Luis Buñuel. Se refería a esa pérdida de capacidad de asombro. Ojalá no sea el caso de México por muy país surrealista que seamos.