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TEXCOCO, Estado de México., 1 de agosto de 2025.– La indignación ciudadana se hizo presente una vez más en las calles del Estado de México, donde familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) y mototaxistas encabezaron protestas simultáneas para denunciar una red de extorsiones presuntamente orquestada desde el interior de distintos centros penitenciarios mexiquenses.
Los manifestantes aseguran que las extorsiones tienen su origen en los penales de Texcoco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, particularmente en los reclusorios Molino de Flores, Neza-Bordo y Chiconautla. En este último se encuentra recluido Fabián Alejandro Velázquez Torres, alias “El Adrián”, a quien señalan como principal operador del esquema delictivo.
Exigieron su traslado inmediato a un penal federal, bajo el argumento de que continúa delinquiendo con la complicidad de autoridades penitenciarias. Junto a él, también fueron mencionados Bryan Rivas Fuentes (El Panqué), Mario Pérez Moreno (El Chimpa) y un reo apodado El Melvin como integrantes clave de esta red de extorsiones.
Las movilizaciones se llevaron a cabo de manera simultánea en distintos puntos estratégicos: los accesos a los reclusorios de Texcoco y Nezahualcóyotl, así como en la caseta número 7 de la autopista México-Puebla, en San Marcos Huixtoco, municipio de Chalco. Durante más de cuatro horas, los inconformes bloquearon el paso vehicular como medida de presión, exigiendo acciones concretas de parte del gobierno estatal.
A las exigencias de los familiares se sumaron mototaxistas de Texcoco, quienes afirmaron que los cobros de piso que enfrentan en la región son coordinados desde el penal de Molino de Flores. Aseguran que han sido víctimas de extorsiones sistemáticas que afectan sus ingresos y ponen en riesgo su integridad.
“No podemos seguir operando bajo amenazas ni pagar por trabajar. Esto ya es insostenible”, expresó uno de los representantes del gremio durante la protesta.
Aunque la Secretaría de Seguridad del Estado de México ha informado sobre ajustes internos para combatir actos de corrupción, los inconformes sostienen que las anomalías continúan sin freno. Responsabilizan directamente a las autoridades penitenciarias por permitir que los internos mantengan el control de redes delictivas desde sus celdas.
“La estructura sigue intacta, aunque cambien nombres y cargos. Las extorsiones no han cesado”, expresó una manifestante que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias.