CIUDAD DE MÉXICO, DF., 10 de junio de 2014.- La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), secretaria de la Comisión Especial sobre feminicidios, calificó de alarmante el aumento de agresiones sexuales en el país, pues dijo que son resultado del alto índice de impunidad y urge aplicar la Alerta por Violencia de Género en las entidades más afectadas.

Dicha alerta, aclaró en un comunicado, “no es exclusiva para casos de feminicidio, sino también para todos aquellos en los que sistemáticamente se atente contra la seguridad y la dignidad de las mujeres, como ocurre en la violación sexual”.

En México cada cuatro minutos una mujer es violada. Y según datos del (Instituto Nacional de las Mujeres) Inmujeres, de las 120 mil violaciones anuales, sólo 15 mil se denuncian ante el Ministerio Público”, aseveró.

También dijo que de esta cifra, únicamente 4 mil agresores reciben alguna sentencia. “Es decir, que cada año 116 mil violadores andan impunes por las calles, con el consecuente peligro que representan para otras mujeres”.

Queda claro que la impunidad “provoca que un alto porcentaje de mujeres agredidas sexualmente prefiere no presentar la denuncia correspondiente”, manifestó la secretaria de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México.

Enfatizó que, en cualquier caso y merced al aumento de las violaciones, es urgente aplicar la Alerta de Género en entidades como Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia “para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

El objetivo de dicha alerta, de acuerdo con la misma legislación, es el de “garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”.