Alcalde de Ecatepec también debe ser sancionado: Secretario general PRD

ECATEPEC, Edomex. 24 de agosto 2015.- Otros ex alcaldes priistas deben también ser sancionados por malversación de fondos públicos, pidió el secretario general del PRD estatal, Octavio Martínez Vargas, como el de Ecatepec.

El también integrante de la Comisión de Planeación y Gasto Público en la LVIII Legislatura, señaló que si no se hace el caso del ex alcalde de Naucalpan, David Sánchez, quedará en mero ajuste de cuentas, cortina de humo y uso político de la procuración de justicia.

Dijo que ex alcaldes, como Pablo Bedolla de Ecatepec o Azucena Olivares de Naucalpan, deben ser juzgados por presunta malversación de recursos públicos.

Además que el escándalo que se hizo no sea sólo una cortina de humo para cubrir la exoneración del presidente Enrique Peña, su esposa, y de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, por la Casa Blanca.

También convocó a que no se trate de un simple ajuste de cuentas al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la presunción de que David Sánchez apoyó al Partido Acción Nacional (PAN) en esa demarcación.

Aunque son necesarias las auditorías a la administración de Sánchez Guevara, Martínez Vargas advirtió que sí en realidad detrás de las acciones en contra del ex munícipe hay una verdadera disposición a sancionar abusos, excesos y usos personales de los recursos públicos, también deben ser investigados y enjuiciados otros ex alcaldes, sobre quienes también pesan presunciones importantes.

“Para que no haya lugar a dudas, también debe sancionarse a Pablo Bedolla, a quien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 83 millones de pesos en recursos federales, 80 de ellos pendientes por recuperar, como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2013”.

Incluso, dijo deben fincarse responsabilidades a presidentes municipales de administraciones anteriores, como Azucena Olivares, también de Naucalpan, y de todas las fuerzas políticas, como José Luis Gutiérrez Cureño, ex alcalde de Ecatepec, ahora afiliado al Partido del Trabajo (PT), y a quien el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) acusó del presunto desvío de más de 403 millones de pesos durante su gestión 2006-2009, que le fueron notificados en 2011 para ser solventados y resarcidos, pero que se presume le fueron perdonados después de que en la pasada elección no apoyó al PRD.