Así pierde la autoridad a los desaparecidos… luego de localizarlos

VALLE DE MÉXICO, Edomex., 6 de junio de 2014.- De acuerdo a investigaciones recabados por Sin Embargo; En México, las autoridades omiten practicar análisis forenses de ADN a los cuerpos hallados, pese a que podrían ser de alguna de las miles de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas. Animal Político cierra la serie de textos sobre las desapariciones en la administración de Enrique Peña Nieto, con este caso.

La adolescente Bárbara Reyes, de 17 años, fue secuestrada el 8 de agosto de 2011 y localizada un mes y tres semanas después, el 1 de octubre de ese año, sin vida, en un terreno baldío del Estado de México.

Pero, a pesar del hallazgo de sus restos, Bárbara continuó en calidad de víctima de secuestro y desaparición durante un año y seis meses más, hasta febrero de 2013, ya que, al no practicársele análisis forenses de ADN, la joven fue enviada a la fosa común, en calidad de desconocida, esto, a pesar de que dos semanas antes, el mismo forense había sido notificado de su búsqueda.

Debido a que la Procuraduría de Justicia del Estado de México omitió investigar la identidad de los restos hallados en octubre de 2011, omisión calificada como “negligencia” por el Poder Judicial de la entidad, la familia de Bárbara vio prolongarse el rastreo de la adolescente durante 18 meses más, angustia que concluyó, subraya el padre de la menor, el señor Alejandro Reyes, no gracias a los oficios de las autoridades, sino a pesar de ellos.

“Y la historia de mi hija, y de nosotros como familia, es la historia de muchas jovencitas de México, que fueron arrancadas del seno familiar, y de muchas familias que las buscan, sin haber sido informadas de que la autoridad guarda sus cuerpos, y sin estar conscientes de que la autoridad no tiene la menor intención de indagar sus identidades o las causas de sus muertes o, siquiera, si alguien las está buscando.”

¿Cómo busca la autoridad?

En el secuestro y asesinato de Barbara, reconoce su papá, la autoridad mexiquense no tuvo responsabilidad directa, “más allá de que es responsabilidad de las autoridades brindar seguridad a la población, sin que lo cumplan”. Pero de lo que sí pueden ser considerados “copartícipes” directos, destacó, “es de su desaparición y de los daños que ésta nos causó como familia, porque la  ineptitud e indolencia con las víctimas y los deudos sí es culpa de ellos. Ellos encontraron a mi hija un mes después de su secuestro y no nos avisaron, no hicieron nada para identificarla, nada”.

Y dicha ineptitud, subrayó el señor Reyes, no es una excepción, sino la regla en el proceder de los servidores públicos encargados de procurar justicia.

El primer ejemplo de ello, se dio horas después de que Bárbara fue raptada, el 8 de agosto de 2011, “esa noche yo llegué a la agencia del Ministerio Público para denunciar el secuestro de mi hija, pero el agente me informó que no había sistema de cómputo y, entonces, que no me podía tomar la denuncia, que me esperara… En ese momento le tuve que explicar que los secuestradores se habían comunicado conmigo y me habían exigido trasladarme hasta Querétaro, para recibir nuevas instrucciones para el pago del rescate, y sólo así el agente accedió a tomarme la denuncia, pero en una hoja de Word, en un procesador de texto simple. Y por haber hecho las cosas así, durante las primeras dos semanas transcurridas desde el secuestro, la autoridad sencillamente no hizo nada para comenzar a buscarla, porque ese agente no introdujo el acta al sistema tan pronto como éste se restableció… se tardó dos semanas en hacerlo.”

Luego de eso, ya que la denuncia fue oficializada y debidamente introducida al sistema de la Procuraduría, continúa el señor Reyes, “se perdieron otros tres días, porque el agente investigador asignado al caso dedicó todo ese valioso tiempo a manejar dos teorías: una, que nosotros éramos culpables; y dos, que ella se había ido por propia voluntad”.

La enumeración de anomalía sigue: “la policía tardó seis meses en ir a mi casa y tomar huellas; tardaron seis meses en obtener la información del teléfono celular de mi hija; tardaron ocho meses en obtener la información del teléfono fijo de nuestro domicilio… ellos piensan que hacer su chamba es redactar un escrito y mandarlo, pero no. Tiene que haber un proceso de seguimiento y apersonamiento. Deben establecer medidas cautelares para que se den las respuestas, apercibimientos, todo.”

Otros tres factores, añadió, detuvieron las pesquisas por lapsos prolongados y en momentos clave, “en los que la investigación prácticamente se congeló: el primero fue en septiembre de 2011, tres semanas después del secuestro de mi hija, cuando el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dejó el cargo para iniciar (pre)campaña como candidato a la presidencia de México, en ese momento, todos los recursos públicos se fueron para la campaña, no había dinero ni para cargar gasolina y que los agentes se fueran a realizar peritajes, y los recursos tardaron en normalizarse alrededor de dos meses; el segundo momento fue cuando Peña ganó (en julio de 2012), lo que generó que todos los agentes y elementos de la estructura operativa de la Procuraduría mexiquense se fueron al gobierno federal, les valieron madres nuestros casos… y el tercer momento se dio poco después, cuando el agente encargado del caso tuvo que admitir ante mí que en dos semanas no había podido hacer nada, porque no tenía computadora, y al exigir una explicación, me dijeron que no había recursos, así que acabé donando yo una computadora, que fui a comprar con mi propio dinero, y que les di con la única condición de que la usaran en la investigación de mi hija, y que no terminara usándose en cualquier otra cosa.”

¿Cómo las pierde la autoridad?

Los restos de Bárbara Reyes fueron encontrados el 1 de octubre de 2011, a ras de suelo, en un descampado. No quedaban tejidos, sólo huesos y algunas prendas de vestir.

En primera instancia, el agente encargado del caso envió una muestra para identificar su ADN, pero al resultar ésta inapta, genetistas de la misma Procuraduría solicitaron al investigador más muestras, algo que, sin embargo, no hizo, y cuatro meses después envió los restos a la fosa común.

Tal como el forense que examinó los restos, el agente investigador tampoco confrontó la información del cuerpo, con la base de datos de personas no localizadas, en la cual Bárbara estaba inscrita.

En el dictamen forense, además, se omitieron otras cuestiones básicas, señala el señor Reyes, comercializador de productos químicos. “En primera, no se rastreó la existencia de agentes que aceleraran artificialmente la descomposición del cuerpo, hasta eliminar todo tejido orgánico, lo cual es anormal en un lapso tan breve (alrededor de 30 días, según dicha autopsia)… pero la cosa llega a la burla, cuando el médico forense establece que se trata de una mujer de entre 17 y 20 años, con ojos cafés… ¡¿cómo podía determinar el color de los ojos, si sólo quedaban huesos?!”

Aquí, la enumeración de anomalías también se prolonga. “El agente investigador, además, perdió la ropa de mi hija, sin que se le hubiera realizado ningún examen… sabemos que esa ropa fue recuperada del lugar donde mi hija fue encontrada, porque le tomaron fotografías, pero las prendas desaparecieron.”

En febrero de 2012, cuatro meses después de ser hallados, los restos de Bárbara fueron sepultados en la fosa común del panteón de Cuatitlán, Estado de México, y no fue sino un año después que, por un rastreo realizado por la propia familia en registros de servicios forenses municipales, éstos pudieron ser finalmente identificados y recuperados… aunque no sin dificultad.

“La gente del panteón no lleva ningún registro de los cuerpos que se depositan en la fosa común, así que se tuvo que excavar 67 metros cuadrados de tierra, a una profundidad de tres metros, para poder encontrarla.”

Así, 18 meses después de su secuestro, y poco más de 16 meses después de que fue hallada sin vida, los padres de Bárbara pudieron, al fin, recuperarla.

Aunque intentaron llevar a juicio al agente investigador que omitió realizar el levantamiento adecuado de muestras de ADN, y quien también perdió las prendas de Bárbara, un Tribunal Colegiado determinó que no procedía su despido, ya que, aunque incurrió en “negligencia”, ésta no fue con dolo.

Finalmente, este agente renunció.

Epílogo: el derecho a la verdad

Debido a las condiciones en que fueron hallados los restos de Bárbara, no fue recabada ninguna evidencia que pudiera indicar la forma en que murió. La única pista, su ropa, está extraviada y el último agente que las tuvo en su poder, ya no forma parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

De su osamenta, además, tampoco pudo obtenerse ningún rastro útil, ya que se contaminó en la fosa común en la que permaneció más de un año.

“Con la localización de mi nena –dice el señor Reyes–, parte de mi dolor ha sido subsanado.  Pero otra parte no. Nosotros no sabemos qué le hicieron a mi hija y quién o quiénes lo hicieron. Y no dejaremos de presionar y de exigir que los busquen y los encuentren, y así esclarezcan la muerte de mi hija… alguna esperanza nos queda, por ejemplo, en la herramienta de las recompensas. Mi hija fue la primer muchacha por la que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México emitió una recompensa (de 300 mil pesos) para quien aportara datos que permitieran localizara, o identificar y capturar a sus secuestradores, y esa recompensa sigue vigente, alguien tuvo que haber visto, escuchado o haberse enterado, alguien sabe y puede ayudarnos…”