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IXTAPALUCA, Edomex. 28 de agosto 2014.- El gobierno antorchista de Maricela Serrano Hernández se niega a pagar una indemnización de un millón 250 mil pesos a la familia del policía Israel Hernández Moreno, de 20 años, quien murió en un accidente vial cuando la patrulla en que viajaba, junto con otros 20, chocó contra un muro de contención.
Los uniformados de Ixtapaluca pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que siga el proceso de indemnización, ya que el director de la corporación, Leonel Bastida Esquivel, quiere hacer creer ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que el policía que falleció «ya había renunciado».
«Eso es imposible porque nos dijo el agente del ministerio público que no puede hacerlo pasar como que ya había renunciado, cuando murió uniformado y en una patrulla oficial», dijeron los uniformados.
Además, la familia se mantiene en la incertidumbre porque aparte de querer obligarlos a «otorgar el perdón» al ayuntamiento de Ixtapaluca para no pagar la indemnización de un millón 250 mil pesos, también está en juego el seguro de vida.
Los uniformados explicaron que cada uno de los 600 policías tiene una póliza de seguro con valor de 400 mil pesos.
Establecieron que en este caso, esa cantidad se debe también de pagar a la familia del policía Israel Hernández Moreno.
«A la familia del policía la han intimidado al igual que a los uniformados que estuvieron en el accidente para que no reclamen o exigían la reparación del daño».
Entre los 19 policías que viajaba en la patrulla que se accidentó hay varios con fracturas y con lesiones de segundo y tercer grado, por lo que también tienen derecho a indemnizaciones de 40 a 60 mil pesos.
Sin embargo, el director de la policía de Ixtapaluca los ha intimidado y amenazado para que no hagan ninguna denuncia o declaración ante la PGJEM.
«El director nos dijo que con los gastos funerarios bastaba la ayuda a la familia del policía caído y que no merecía más porque tenía su renuncia firmada».
Los compañeros del uniformado muerto en horas de servicio, lamentaron la actuación de la presidenta municipal, Maricela Serrano Hernández, de ofrecer públicamente «toda la ayuda a la familias», cuando el director de la policía estableció que sólo serían los servicios funerarios.
Los oficiales establecieron que el gobierno de Maricela Serrano debe de cumplir con todos los pagos conforme a derecho, ya que tan sólo la esposa del policía caído tiene ocho meses de embarazo y debe ver por el futuro de su hijo.