Calles marginadas, “para qué arreglarlas si no tienen carros”: alcalde

ZAPOPAN, Jal. 3 de marzo de 2015.- Para este primer semestre del año, los distintos ayuntamientos de la República Mexicana se apuntan a la realización de obras de última hora: 600 millones de pesos para drenaje y agua potable en Saltillo, Coahuila; una inyección de 400 mdp en el municipio tamaulipeco de Reynosa para la pavimentación de calles; 302 mdp que utilizará la alcaldía de Mérida en Yucatán para dar mantenimiento preventivo a zonas de riesgo pluvial, etc.

Las administraciones salientes se la juegan al todo por el todo previo a la fiesta democrática… excepto el ayuntamiento jalisciense de Zapopan donde, según recoge SDP Noticias, el alcalde Héctor Robles Peiro se niega a emprender la pavimentación en «las colonias marginadas» del municipio, pues los vecinos no tienen vehículos.

“Yo prefiero invertirle a los chavos para que tengan oportunidad de crecer que meterle a una calle donde seguramente no tienen carros los vecinos de esas colonias marginadas”, señaló en entrevista con Canal 4 el priísta de 39 años, quien habría gestionado un recurso federal de 146 mdp para el saneamiento avenidas del municipio en agosto de 2014 y ahora descarta ejercer ese recurso en obra pública “marginada”.

En ese sentido, Robles Peiro precisó que, si bien “la pavimentación de calles mejora las condiciones de vida de la población, la reducción de la contaminación ambiental y el cuidado del patrimonio público y privado”, el recurso se aplicó en vialidades principales como la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Colotlán, donde se invirtieron 30 millones de pesos; la avenida López Mateos Sur y el ingreso a la zona residencial Fraccionamiento Bugambilia (que se realizó en concreto hidráulico con una inversión de 20 millones 700 mil pesos).

Al respecto, Milenio advierte que no es la primera vez que el presidente municipal de Zapopan “se olvida” de destinar recursos donde promete: el pasado 21 de enero, Héctor Robles Peiro fue suspendido de sus labores por espacio de 15 días tras no dar cumplimiento a una demanda laboral por despido injustificado.

El caso se centra en la relación laboral del edil priísta con su trabajador, Enrique González, quien fuera cesado de sus labores a inicios de 2010 y “tras una denuncia laboral se ordenó la reinstalación del empleado y el pago de sueldos caídos por los más de 950 mil pesos que hasta el momento no ha cumplido, por lo que se llegó a la instancia de suspender al titular del ayuntamiento”, precisa Milenio.

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