Caso Mamá Rosa es por carencia de figura reguladora: Indesol

TOLUCA, Edomex., 18 de julio de 2014.- Para María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), problemáticas como la registrada en Michoacán con la casa hogar La Gran Familia de Rosa Verduzco, identificada como Mamá Rosa, suceden a partir de que el estado mexicano no cuenta con una figura legal que permita tener un procedimiento estandarizado de supervisión, a través del cual se asegure que ese tipo de establecimientos privados cumplen con los objetivos para los cuales fueron creados y operan en condiciones aceptables.

“Tenemos que crear nuevas instituciones que permitan una supervisión a ese tipo de establecimientos; la Procuraduría General de la República (PGR) tenía la facultad de intervenir, y así lo hizo para proteger a las personas, con base en la Ley de Trata”, explicó.

La titular de Indesol, reconoció que durante las últimas décadas ese tipo de asociaciones han estado presentes en distintas entidades del país, con mayor o menor presencia, y el estado mexicano ha sido omiso en su obligación de regular de forma eficaz su actividad, consideró.

En ese sentido, Luna y Parra reconoció que en estos momentos los gobiernos estatales tienen lagunas normativas para poder regular de forma oportuna a ese tipo de asociaciones civiles que, en teoría, se encargan de sumar esfuerzos para apoyar a diversos sectores de la población.

“Las que están registradas como asistencia privada sí tienen esta vigilancia. Hay que crear alguna institución que tenga la facultad, capacidad y obligación de proteger a los asistidos, revisando estas casas pero también apoyándolas, porque a veces se exigen mucho sin apoyar económicamente que estén mejor, entonces yo creo que aquí hay una corresponsabilidad que tiene que quedar muy claro”, dijo.

A principios de esta semana, la PGR aseguró el inmueble ubicado en Zamora Michoacán de La Gran Familia y resguardó a 596 personas, entre las cuales había 6 bebés, 174 niñas y adolescentes menores de 17 años, 278 niños del mismo rango de edad y 138 adultos, todos inquilinos de la casa hogar.

La acción de la PGR se registró a partir de las denuncias penales y señalamientos de maltrato, abuso sexual, explotación y trata de personas, entre otros presuntos delitos que se estarían registrando al interior del inmueble administrado por Mamá Rosa.