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Sagua impulsa coordinación en programa hídrico de Edomex
MÉXICO, DF, 28 de septiembre de 2014.- Contra su voluntad, el gobierno mexicano ha tenido que actuar ante las crecientes evidencias de una posible matanza de civiles perpetrada por el Ejército, pero se encamina a culpar a “soldados desobedientes” para evadir cualquier responsabilidad política, destaca Proceso.
Sin explicar aún qué pasó la madrugada del 30 de junio en el poblado San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, ya dirigió la atención a militares de infantería de bajo rango participantes, en lo que cada vez más toma la forma de una ejecución sumaria de 21 presuntos delincuentes que se habían rendido, más el abatimiento de otro que habría muerto en condiciones de enfrentamiento, según los testimonios e imágenes publicadas por la prensa nacional e internacional.
La noche del pasado jueves 25, luego de que Proceso diera a conocer en su portal electrónico que ese día un grupo de soldados rasos, más un teniente, habían sido consignados ante un juez castrense, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado Sexto militar.
La Sedena agregó que sus elementos quedaron “internos” en la prisión del Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar –sin explicar en qué consistió ésta–, desobediencia e infracción de deberes.
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