Congreso mexiquense aprueba paquete de Reforma Educativa

TOLUCA, Edomex., 12 de marzo de 2014.- El paquete de iniciativas de ley del sector educativo que promovió el gobernador Eruviel Ávila Villegas para armonizar la legislación estatal con la Reforma Educativa federal fue aprobado en el Congreso local por mayoría de votos la noche de ayer, dando luz verde así a las acciones que buscan elevar la calidad de la educación que presta el estado y estableciendo nuevas disposiciones legales a las que se tendrán que someter los aproximadamente 151 mil maestros, adscritos a más de 17 mil planteles educativos públicos.

En dicha ley quedó plasmado que si los docentes no se sujetan a las nuevas disposiciones o se niegan a cumplir o someterse a alguno de los criterios de evaluación, serán separados del cargo; entre dichos motivos de rescisión laboral para los servidores públicos docentes sin responsabilidad para las autoridades educativas están:

Incumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento; incumplir con el periodo de inducción al servicio y no sujetarse a la evaluación obligatoria; no prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentra adscrito o cambiarse de adscripción, sin previa autorización de la autoridad educativa competente.

Otros de los motivos que a propuesta del gobernador (que empata criterios con la Reforma Educativa federal), ameritarían que el maestro sea dado de baja, son el prestar el servicio de enseñanza sin haber cumplido los requisitos y procesos que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente; no sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere esta ley de manera personal; no atender los programas de regularización ni aquellos que sean obligatorios, de formación continua, capacitación y actualización; además de no alcanzar resultados suficientes en la tercera evaluación que se le practique para la permanencia en el servicio.

Sobre esto último el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal) y ex dirigente magisterial sindical, Lorenzo Roberto Guzmán Rodríguez, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el Congreso local, al concluir la reunión de la comisión donde se avaló el paquete de iniciativas educativas, negó pronunciarse sobre las causales de recisión de contrato porque “podría herir algunas susceptibilidades”, dijo.

No obstante, el balance que hizo del paquete de reformas educativas que normarán la educación de poco más de alrededor de tres millones de estudiantes fue positivo.

“Yo lo llamo un balance positivo. Ustedes saben que una ley es perfectible, es positivo para lo que la reforma educativa nacional requiere, porque tiene algo primordial, primero el derecho de los niños a tener una educación de calidad, se entiende que no se tenía; segundo la salvaguarda del derecho de los trabajadores de la educación, de los docentes”, comentó.

Admitió que todas las causales que se establecieron para separar de su cargo de los profesores, es algo que le causa mucha inquietud, por lo que no descartó que de ser necesario estaría realizando alguna acción de modificación si observa que alguna de las causales empezará a vulnerar los derechos de los profesores.

Puntualizó que en las reuniones previas a la aprobación de las nuevas disposiciones educativas, las dirigencias sindicales, estuvieron de acuerdo con las disposiciones de rescisión de contrato-baja, aunque acotó que en todo momento el Sindicato tendrá la última palabra, al precisarse en el Artículo Sexto Transitorio que “la titularidad de los derechos laborales, de los trabajadores de la educación, de los sindicatos”, subrayó.

El Pleno de la LVIII Legislatura del Estado de México aprobó reformas a la Ley de Educación del Estado de México, la adición de un artículo 93 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y expidió la Ley para la Coordinación Administrativa del Servicio Profesional Docente del Estado de México, armonizando así la legislación estatal con las reformas en materia educativa avaladas a nivel nacional.

Durante la sesión del pleno legislativo la legisladora Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que las reformas incrementarán la calidad de la educación, al tiempo que solicitó ampliar la participación ciudadana y fortalecer el combate a la violencia escolar, mediante la aprobación de iniciativas presentadas con antelación por su Grupo Parlamentario.

Al tomar la palabra en tribuna la legisladora Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la calidad educativa se obtendrá siempre y cuando se adopten medidas que integren una fuerte cobertura social en beneficio de los estudiantes y señaló falta de certeza en cuanto a la aplicación de estos ordenamientos.

En su oportunidad, Norberto Morales Poblete, legislador del Partido del Trabajo (PT) que votó en contra del paquete de reformas, propuso una adición al Artículos 93 para que se garantizara y extendiera el derecho de audiencia del maestro que sea sujeto a un proceso de baja o separación del cargo, pero su propuesta fue rechazada.

La Ley para la Coordinación Administrativa del Servicio Profesional Docente del Estado de México, avalada por la LVIII Legislatura, define las atribuciones de la autoridad educativa estatal y de sus organismos descentralizados, de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente, para la aplicación de los criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio educativo de educación básica y media superior.

Este nuevo ordenamiento comprende siete capítulos: disposiciones generales, servicio profesional docente, de la mejora de la práctica profesional, del ingreso al servicio profesional docente, de la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión, de la permanencia en el servicio, de los perfiles, parámetros e indicadores, otras condiciones, derechos y obligaciones, materias en las que el Congreso de la Unión legisló mediante la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la que se derivan facultades para la autoridad educativa local que es necesario identificar y precisar para su mejor desempeño y ejercicio eficaz.