Priorizarán programas sociales en el Edomex para 2025
TOLUCA, Edomex., 19 de julio de 2014.- Realizar y fomentar proyectos para la creación de microunidades de producción, microempresas o empresas externas (privadas) que realicen sus operaciones con presos de las cárceles del Estado de México, es la propuesta de la organización política Virtud Ciudadana que encabeza Irak Vargas.
El activista político anunció la presentación de una nueva ley, a través de la cual propone obligar y regular de forma eficaz las actividades de los internos encaminadas a su readaptación, dando prioridad a las labores productivas (remuneradas) y educativas, ya que de esa forma el estado podrá cumplir su principal tarea que consiste en reintegrar a la sociedad a todos aquellos que en algún momento fueron aislados por haber cometido algún delito.
Irak Vargas aseguró que al interior de los centros carcelarios administrados por el Gobierno del Estado de México, se registran todo tipo de irregularidades que van desde cobro de cuotas exigidas a internos y sus familiares durante los días de visita, hasta la misma incapacidad de los administradores del sistema penitenciario estatal para brindar una verdadera readaptación social.
Es de destacar que de acuerdo a datos oficiales del sistema penitenciario estatal, hasta principios del presente mes, en los 22 Centros de Readaptación Social hay 22 mil 121 internos, de los cuales mil 353 son mujeres, lo que representa el seis por ciento de la población total.
Otras de las propuestas de Virtud Ciudadana para mejorar al sistema penitenciario son:
La creación de una Comisión o Visitaduría dirigida por una Comisión Especial de la Legislatura del Estado de México y en la que participe la Comisión de Derechos Humanos estatal, representantes de los familiares de presos y procesados, así como representantes de organizaciones de Derechos Humanos de la Sociedad Civil.
Su objetivo, precisó Vargas, será la realización y seguimiento de un diagnóstico de la salud (física y mental) de todos y cada uno de los internos; gestionar la realización de acciones educativas, así como investigar posibles violaciones a derechos humanos de los internos, entre otras acciones.