De aprobarse sanciones contra maestros, la salida es el amparo: LZC

TOLUCA, Edomex., 14 de enero de 2014.- Luis Zamora Calzada, secretario general del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), anticipó que de aprobarse la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Villegas, la cual contempla diversas sanciones contra los maestros que van desde un procedimiento penal hasta la separación del cargo e inhabilitación para desempeñarse en el servicio público, podría desencadenar un gran número de amparos.

En entrevista Zamora Calzada, líder sindical del ala magisterial mexiquense que durante los últimos años ha tenido una postura crítica del sector educativo mexiquense, precisó que un primer paso podría consistir en interponer un recurso de inconstitucionalidad a la misma modificación de la ley.

Lo anterior, precisó, ya que la Iniciativa de Decreto contempla modificaciones que afectan un derecho tan fundamental como es la libre manifestación de las ideas, pero sobre todo derechos laborales como es la permanencia en el cargo de un maestro.

“Ante una iniciativa como esas tenemos un margen de actuación, siempre en el ámbito del derecho como lo hemos hecho en SUMAEM. En un primer momento se podría interponer una acción de inconstitucionalidad ante una acción que estaría sancionando un derecho fundamental como es la manifestación; también se podría realizar un amparo laboral, ante el escenario de una separación del cargo”, comentó Zamora Calzada.

Es de destacar que la iniciativa gubernamental por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como del Código Penal mexiquense y Procedimientos Penales de la entidad, fue ingresada para su estudio, análisis y en su caso aprobación, la tarde del lunes 13 de enero, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local.

“Dispone como causa de recisión de la relación laboral cuando los servidores públicos docentes utilicen el tiempo laborable en actividades ajenas al servicio educativo; configura como delito de abandono de funciones al servidor público docente que sin causa justificada deje sus labores en el horario establecido”, precisa un apartado de la propuesta de ley.

También prohíbe a los sindicatos realizar cualquier tipo coacción a sus agremiados, para obligarlos a asistir a una manifestación.