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MÉXICO, DF, 11 de diciembre de 2014.- En el marco de la discusión de la Ley de amnistía para Autodefensas de Michoacán, que plantea el retiro de los cargos de más de 400 personas que fueron detenidas por portación de armas entre otros delitos, argumentando que remplazaron la ausencia de la autoridad como Policías Comunitarias en el combate a la delincuencia organizada en aquella entidad, los ánimos subieron de tono en distintos momentos.
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente, aseguró que esta acción es una irresponsabilidad por pretender dejar libres a delincuentes, fomentando la impunidad y la inseguridad, además de que atenta contra la división de poderes.
“De aprobar esta ley se perdonará a todo aquel sentenciado o imputado que tenga la suerte de haber infringido la ley en un lapso muy amplio y fijado de manera arbitraria, en que se traduciría este dictamen se dejara impune a delincuentes juzgados con que afirme que eran parte de un grupo denominada autodefensas”, subrayó.
Por su parte el senador del PAN, Javier Corral, principal impulsor de la legislación defendió esta propuesta y negó que se pretenda liberar a criminales disfrazados de Guardias Comunitarias debido a las restricciones que esta ley contiene y que limitarían el acceso a este perdón bajo distintos candados.
Por otro lado el senador perredista, Benjamín Robles, afirmó que esta iniciativa es un paso correcto y un acto de justicia debido a que se ha detenido a más de 3 mil 544 personas pertenecientes a las autodefensas.
“Se realiza un acto de justicia con esta propuesta, tal vez un poco tardía pero un acto de justicia para aquellos que no tuvieron más remedio que tomar las armas para defenderse de las agresiones de la delincuencia y para suplir la ausencia de las autoridades omisas”, acotó el legislador.
Esto luego de que el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación enviara un oficio al presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Roberto Gil Zuarth, recomendando cautela en la dictaminación de una Ley de Amnistía.
“Los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del documento en estudio, descalifican los trabajos del Poder Judicial de la Federación, en los casos concretos conocidos y resueltos por los jueces”, precisa el documento.
Además, en el oficio se agrega que los legisladores están invadiendo la esfera de actuación del Poder Judicial Federal como del Ministerio Público Federal, cuando sustentan sus argumentos en el conocimiento público y los sucesos que dieron origen a los grupos denominados Autodefensas o Policías Comunitarias.
“Sin conocer las causas concluyen que en todo caso las acciones de los procesados tenían como finalidad subsanar la falta de autoridad que existía en diversos municipios del Estado de Michoacán”, se lee en el documento de la Segob.