Deberán investigar Procuradurías y Fiscalías fraudes de financieras

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex., 5 de mayo de 2014.- Aprueba el Congreso federal un punto de acuerdo para que las Procuradurías de Justicia o Fiscalías Generales de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, investiguen con prontitud y eficiencia las denuncias sobre fraude y usura que han presentado los usuarios de los sistemas de comercialización, ya que el caso de mayor número de denuncias recae en la llamada Financiera Auto Fin.

Esto fue dado a conocer por el diputado federal perredista Víctor Manuel Bautista López, quien afirmó que miles de familias han sido defraudadas por empresas de financiamiento y crédito, lo que ha ocasionado no sólo la pérdida de su patrimonio, sino el deterioro de la salud por los excesos de persecución fiscal e intimidación judicial que emprenden estas firmas financieras contra los clientes, en su mayoría incautos.

En este punto de acuerdo presentado por el diputado federal Víctor Bautista López, también exige que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) remita un informe pormenorizado de la situación de las quejas presentadas por los usuarios afectados, destacando si en el desahogo de sus investigaciones ha detectado irregularidades graves como el uso de contratos de adhesión distintos a los registrados ante dicha dependencia y, de ser el caso, informe si ha hecho del conocimiento del Ministerio Público dichas acciones.

Para presentar este punto de acuerdo, el legislador del PRD citó como ejemplo el caso de Gerardo Hernández, vecino del municipio de Nezahualcóyotl; “en este caso son evidentes las afectaciones que en su patrimonio y bienestar ha generado la relación contraída con la Empresa Autofinanciamiento México S.A. de C.V.”.

Asimismo, Víctor Bautista indicó que hace 10 años Gerardo Hernández acudió a Autofin para adquirir 25 vehículos, pero nueve años después tuvo que regresar las unidades y pagar 3.6 millones de pesos.

“Le embargaron varias propiedades y Autofin aún exige el pago de 18 millones de pesos, sólo por los intereses generados, por lo que dentro de las anomalías evidentes están la defraudación, la firma de pagarés con altas tasas de interés que pueden considerarse como usura, el uso de contratos de adhesión distintos a los registrados ante la Profeco, según oficio con número 0072-2013 y la vulneración de la Norma oficial Mexicana 143-SFC1-2000, emitida por la Secretaría de Economía”, subrayó Bautista López.

Además, el diputado perredista señaló que de acuerdo con información de la Profeco, son 21 empresas las que cuentan con registro y autorización emitida por la Secretaría de Economía, por lo que al realizar una investigación en Internet bajo los parámetros “quejas”, “denuncias” o “fraudes” de autofinanciamiento, se percató que son cientos los problemas que enfrentan las personas que, sin la información adecuada y sin medios de tutela efectivos, se ven involucrados en conflictos con este tipo de entidades que han calculado ya los márgenes para afectar el patrimonio de las personas.

Aún con el limitado marco de regulación que existe, recordó Víctor Bautista, durante 2012 la Profeco recibió 2 mil 911 quejas presentadas contra 20 de estos sistemas; entre las causas de mayor incidencia se encuentran la negativa a la rescisión del contrato, la negativa a la entrega del producto o servicio, producto o servicio no solicitado o autorizado, daños durante el proceso de entrega, negativa a corregir errores de cobro y la negativa a la devolución de depósito.

Finalmente, el diputado perredista explicó que es urgente legislar en este tema, por la débil regulación que prevalece sobre el funcionamiento de estos sistemas y la falta de garantías institucionales que protejan adecuadamente el interés de los usuarios de los mismos; lo cual ha propiciado el desequilibrio en la relación comercial, la imposición de prácticas deshonestas, abusos y acciones que tienden a afectar el patrimonio de las personas que recurren a estas modalidades de inversión y que terminan involucrados en costosos procedimientos judiciales que encarecen las operaciones.