Deberán jueces familiares investigar a padres en proceso de divorcio

TECÁMAC, Edomex., 25 de febrero de 2014.- Los jueces de lo familiar tendrán la obligación de aplicar pruebas periciales a los padres en proceso de divorcio para tomar una decisión sobre la custodia de los hijos, cuando no haya acuerdo entre los padres, señaló la diputada federal panista Karina Labastida Sotelo.
Dijo que el Congreso federal de San Lázaro aprobó reformar los artículos 416 del Código Civil federal y el 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para fortalecer los derechos de los menores de edad, ante un conflicto de divorcio.
“La alienación parental es un fenómeno que cada año en nuestro país afecta a por lo menos 180 mil niñas, niños y adolescentes, y se presenta cuando los padres se enfrentan en un proceso de divorcio; consiste en que uno de los progenitores manipula psicológicamente a su hijo con el propósito de crear en él una imagen distorsionada con respecto al otro progenitor al grado de que lo rechace y de esa manera obtener cierta ventaja sobre la pareja cuando el juez determine quién de los padres debe tener la guarda y custodia de ese menor de edad”, dijo.
La también secretaria de la Comisión de Justicia explicó que actualmente la ley no establece la obligatoriedad de que se realicen dichas pruebas periciales, por lo que sólo a petición expresa de una de las partes o bien del Ministerio Público se llevan a cabo esos exámenes.
“Ahora, con la aprobación de esta iniciativa, las pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar se aplicarán de oficio a ambos progenitores en proceso de divorcio, cuando éstos no lleguen a un acuerdo mutuo con respecto a la guarda y custodia de sus hijos. De esta manera estamos dando un paso adelante en la lucha contra la alienación parental y en donde la principal víctima es la niña, niño o adolescente que se están disputando los padres”, indicó.
La diputada Karina Labastida aclaró que el cónyuge que no ostente la guarda y custodia de sus hijos seguirá teniendo la obligación de colaborar en su alimentación y también conservará los derechos de vigilancia y convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.