EdoMéx impulsa legado de Bienestar Animal: Delfina Gómez
TOLUCA, Edomex., 3 de diciembre de 2014.- De aplicarse la ley electoral vigente en la entidad y el país en general, actores políticos mexiquenses como el legislador local Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Aarón Urbina Bedolla, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y algunos regidores panistas de Naucalpan como Maximiliano Alexander Rabago, no podrían tener registró como candidatos a un puesto de representación popular, ya que con recursos públicos han estado promocionando su imagen, situación que prohíbe la ley, advirtió Horacio Jiménez, representante del Partido Movimiento Ciudadano, ente el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Al terminar la sesión del Consejo General del Instituto, subrayó que pidió a los consejeros electorales atender dicha irregularidad con el único objetivo de que el “piso sea parejo para todos” los políticos, y nadie quiera sacar ventaja de su posición actual.
Asimismo, descartó que su objetivo sea desaparecer de la boleta a actores como el legislador Octavio Martínez.
“No me preocupa (Octavio Martínez), ni queremos a nadie fuera de la boleta, pero no queremos a nadie que se adelante”, puntualizó Jiménez.
Explicó que a partir de las denuncias que su partido ha interpuesto ante el Tribunal Electoral, hasta el momento hay 17 casos de políticos adminiculados, es decir bajo procesos de pruebas, audiencias, inspecciones oculares y certificaciones de sus actos “irregulares”.
Además, vaticinó que de continuar los actos anticipados de precampaña por parte de los alcaldes y legisladores que a la par de rendir su segundo informe de labores, están promocionando su imagen con recursos públicos, se podría llegar a más de 70 expedientes.
“El mayor número de casos que identifico como claros actos anticipados de precampaña, se han estado registrando en los 23 municipios más poblados del territorio estatal”, aseguró.
Añadió que el Tribunal confirmó que dichos actores políticos sí están empleando recursos públicos para promover su imagen, y precisó que el o los quejosos de dicha acción, es decir Movimiento Ciudadano, podrán ejercer su derecho (solicitar que no se le otorgue el registro de candidato) en el momento oportuno, es decir cuando se registre la etapa de registro de candidatos a un puesto de representación popular.