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TEXCOCO, Edomex., 14 de septiembre de 2014.- Debe de darse más peso a los Derechos Humanos en la reformas constitucionales y no limitarse a garantizar los derechos de las personas, estableció el titular de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de México (Codhem), Marco Antonio Morales Gómez.
En conferencia con alumnos del Centro Universitario Texcoco, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el ombudsman mexiquense señaló que el fomento de la cultura de los Derechos Humanos perfecciona la convivencia entre jóvenes y la ciudadanía en general.
Ante ello, hizo un llamado a los universitarios a hacer suyos los derechos, sin olvidar que también tienen deberes, por el bien propio y de quienes los rodean, ya que esto les permitirá lograr una relación de respeto y, sobre todo, construir un entorno para su pleno desarrollo.
«El derecho humano por excelencia es la dignidad del hombre, el cual no es negociable y para su defensa, protección y custodia deben encaminarse todos los esfuerzos en la materia», afirmó Morales Gómez.
En el evento en donde estuvo acompañado por directivos de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, el ombudsman calificó como un acierto la inserción de la materia de Derechos Humanos en la educación, derivado de la Reforma de 2011, ya que el tema estará inmerso en los programas de estudio de las instituciones educativas de los diversos niveles.
Por ello, sin importar la especialidad en la que esté incorporada la materia de Derechos Humanos, dijo, deben establecerse acciones relacionadas con la máxima publicidad del tema, en beneficio de la convivencia, el razonamiento y en particular, del trato que debe obtener la persona por parte del Estado.
Afirmó que los beneficios que conlleva la reforma tanto para los organismos autónomos como para la ciudadanía en general, de manera directa e indirecta, garantizan el pleno respeto a los derechos de las personas, con el cambio de denominación del Capítulo I donde se refiere a estas prerrogativas como “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, con lo que ahora el Estado no otorga, sino reconoce los derechos fundamentales; además de otorgar plena autonomía de gestión a las comisiones estatales.