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MÉXICO, D.F., 18 de marzo de 2014.- Los fondos federales entregados a los estados para la seguridad fueron desviados, malgastados o no comprobados por las entidades.
De acuerdo con una nota de Reforma, en la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación al gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en 2012, ni uno solo de los dictámenes de las 32 entidades del país fue «limpio», pues 11 tuvieron resultado «negativo» y las 21 restantes fueron calificadas «con salvedades».
El órgano fiscalizador levantó 142 expedientes o pliegos por daños al erario federal que sumaron 807 millones de pesos del FASP; todos los estados fueron objeto de al menos un pliego, Sinaloa fue la única excepción.
Más allá del gasto irregular, se determinaron en ese año otros dos mil 27 millones de pesos que falta aclarar y justificar, pues las entidades no pudieron demostrar que ejercieron los recursos o que los reintegraron a la Tesorería de la Federación.
Dicha cantidad equivale al 27.5 por ciento de los siete mil 373 millones de pesos canalizados por la Secretaría de Hacienda al Fondo en 2012, cuya revisión hizo la ASF en 2013.
Veracruz fue señalada por enviar a otras cuentas 247 millones de pesos, que fueron reintegrados meses después a la cuenta del FASP, y no se ejercieron para los fines del fondo.
Quintana Roo, que sólo ejerció 44 por ciento del dinero asignado, fue otro de los casos graves.
La Secretaría de Hacienda estatal transfirió 65.8 millones de pesos del FASP a una cuenta de la que dicha dependencia es beneficiaria, lo que según la ASF provocó daño al erario federal.
Por ésta y otras irregularidades, se pidió iniciar 12 procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios estatales.
Sonora incurrió en una conducta similar, al transferir 52.3 millones de pesos a cuentas bancarias del Gobierno estatal que no tienen qué ver con el FASP.
Para junio de 2013, cuando la ASF practicó su revisión, no se habían ejercido 49 millones de pesos de los recursos asignados en 2012.
El DF, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México resultaron «con salvedades». En conjunto sumaron 19 pliegos por posibles daños al erario, por un total de 44 millones de pesos, de los que 27 millones fueron atribuidos a Jalisco, por sólo 453 mil pesos al DF.
Sin embargo, las cuatro entidades sumaron 488.7 millones de pesos «por aclarar» o comprobar.
Faltan castigos
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, dijo que mientras no haya sanciones para los responsables de desviar o malgastar los fondos en materia de seguridad, las irregularidades que año con año son detectadas por la Auditoría continuarán presentándose.
«Es muy bueno que tengamos gobiernos transparentes, que la Auditoría nos diga qué pasó con el dinero, pero de nada nos sirve saber que se lo robaron o que se gastó ineficazmente si no hay sanciones a los responsables», indicó.
«Si no hay castigo sólo nos sirve para hacer corajes».
Morera dijo que el FASP presenta una doble problemática, por un lado la irresponsabilidad con la que usan los recursos los estados y por el otro la excesiva regulación que hay sobre las partidas, que lo vuelve operativamente ineficaz.
En noviembre de 2013, Morera y otros 44 ciudadanos presentaron dos demandas de amparo para exigir que la ASF ejerciera a fondo sus atribuciones y buscara sanciones contra los responsables.