Reportan grave a ciclista accidentada en Gran Fondo Izzi Cardias 2024
MÉXICO, D.F., 25 de julio de 2014.- La campana repicó para Saúl «Canelo» Álvarez en los tribunales y ya va abajo en el primer round.
En la contienda legal contra Ulises «Archi» Solís, el boxeador recibió un nocaut tras dictarse auto de formal prisión en su contra por el delito de lesiones calificadas, señala Cancha.com.
Tras revisar el caso por segunda ocasión, el juez séptimo de lo penal determinó que había elementos suficientes para que «El Canelo» enfrente juicio por los cargos que le imputan desde el 2011, según fuentes enteradas del caso.
Sin embargo, el boxeador Super Welter no tendrá que pisar una celda de Puente Grande durante el proceso penal, sólo que se dicte una sentencia condenatoria.
Grupo Reforma dio a conocer el 17 de julio que se giró una orden de aprehensión contra «Canelo», pero su defensa solicitó un amparo ante el juzgado tercero de distrito en la materia, en el cual se lo otorgó una suspensión que impide su arresto, de manera provisional.
Incluso, el ilícito de lesiones calificadas no es considerado grave dentro del Código de Procedimientos Penales de Jalisco y permite al acusado solicitar el derecho a libertad bajo fianza.
Esta semana, el púgil aceptó rendir su declaración inicial en el caso, aunque trabajadores judiciales tuvieron que acudir a un nosocomio privado en Zapopan para realizar el trámite, pues era atendido por un golpe en el ojo, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Según la averiguación previa 15729/2011, «El Archi» denunció que la agresión ocurrió el 21 de octubre del 2011, cuando se encontró con el pelirrojo en la Barranca de Oblatos.
Solís aseguró que el peleador lo golpeó, sufriendo una fractura en la mandíbula y pérdida de piezas dentales que requirieron de operaciones y lo llevaron a perder su campeonato mundial Minimosca de la FIB por inactividad.
El expediente judicial 170/2013-C establece que Álvarez es procesado por lesiones que pusieron en riesgo la vida del ofendido y que se castiga con dos a seis años de prisión, de acuerdo con el Código Penal del Estado.