TOLUCA, Edomex, 28 de noviembre de 2013.- La discriminación es un problema cultural presente en todas las sociedades, el cual dificulta el desarrollo humano y condiciona la consolidación de la democracia, que se agrava cuando afecta a personas con alguna discapacidad, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez.
En su participación durante el foro “Retos y Propuestas a Favor de las Personas con Discapacidad”, dijo que la discapacidad no discrimina, ya que puede alcanzar a todas las personas sin distinción: desde quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, hasta los que se piensa, son poderosos; en ese sentido, se pronunció por la necesidad de realizar adecuaciones y ajustes en materia legislativa así como en políticas públicas, para propiciar una cultura social incluyente, en contra de cualquier forma de discriminación.
Respecto a la discriminación que sufren las personas con discapacidad, dijo que son un grupo vulnerable que requiere de atención integral, a efecto de procurar y promover su derecho al desarrollo y se generen las condiciones para salvaguardar su dignidad.
Morales Gómez, indicó que la prevención y combate a la discriminación no es una tarea exclusiva de instituciones, pues se requiere la participación ciudadana para la formación de una conciencia social y valoración del ser humano.
“El desarrollo, la igualdad y no discriminación, son factores imprescindibles para el goce y ejercicio de los demás derechos primigenios. En ello radica su importancia y el deber de promoverlos y protegerlos, tanto del Estado como de la sociedad”, puntualizó.
Las personas con discapacidad, tienen el derecho de participar activamente en la vida social, económica, cultural y política del país, dentro de un marco de accesibilidad, autonomía e igualdad de oportunidades, en el que deben intervenir la familia, así como las instituciones públicas y privadas, las cuales deben emprender acciones para lograr su desarrollo integral e inclusión a la sociedad, recalcó.
Asimismo, destacó la necesidad de fomentar la cultura de la salud para ellas, a fin de que tengan una atención, un diagnóstico, una valoración; que estimulen su independencia e integración social y laboral, que además de mejorar sus ingresos económicos impacte en su calidad de vida, “Una persona con discapacidad y trabajo digno ¡claro que es una posibilidad!”, sentenció.
Para ello, subrayó la necesidad de generar proyectos productivos sustentables en beneficio de personas con discapacidad en situación de pobreza y marginación; ofrecerles opciones de empleo en igualdad de oportunidades, remuneración y condiciones de trabajo justas; brindarles orientación técnica, becas de capacitación para el trabajo e impulsar su colocación en empleos formales, con el objetivo de lograr la toma de conciencia sobre el derecho a vivir de forma independiente y autónoma.
El ombudsman pugnó por generar el igual reconocimiento como persona ante la ley; construir un modelo social de inclusión para el ejercicio de derechos con plena participación, que se haga valer la capacidad jurídica de este sector de la población para superar la visión asistencialista en las políticas públicas y considerarlos como sujetos de Derecho, insistió.
A estos esfuerzos habrá que sumar la difusión de la normatividad que permita la accesibilidad de los discapacitados a toda forma de desarrollo para su realización social y humana; crear esquemas e infraestructura para el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, pero sobre todo, fortalecer acciones para cambiar la percepción de la discapacidad entre la sociedad, explicó.
También habrá que adaptar los programas educativos y de capacitación, para facilitar el acceso a la educación para personas con discapacidad visual, motriz y auditiva, lo cual contribuirá a la construcción de una sociedad mexiquense que fomente el respeto por la diferencia y así transite a una cultura que no tolere ni justifique ninguna forma de discriminación.