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TOLUCA, Edomex., 22 de septiembre de 2014.- Los servidores públicos del área médica tienen la obligación de promover y vivir la cultura de los derechos humanos, ya que la forma en que actúan y brindan atención a sus pacientes, debe basarse en su calidad ética y valores, destacó Alejandra Carmona Castañeda, durante el panel “Derechos Humanos a través de la Telemedicina”.
La instructora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, detalló que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, puede servir al personal de la salud en su ejercicio profesional, para alcanzar el objetivo de generar una sinergia entre los derechos políticos, la igualdad ante la ley, la protección judicial y el desarrollo progresivo que tienen todas las personas.
La cultura de los derechos humanos dijo ante médicos y enfermeras del Instituto de Salud del Estado de México, se fundamenta en el ejercicio de los principios basados en valores, los cuales se poseen por el solo hecho de ser personas; asimismo, advirtió que antes de ser servidores públicos son personas, por tanto, deben ayudar a fortalecerla.
En el panel organizado por la Comisión de Bioética del Estado de México, refirió que en la constitución federal ahora se habla de “personas” y obliga a todos a velar, proteger, respetar y divulgar los derechos humanos, y también resaltó la prohibición de la discriminación, más aún en el caso de los profesionales de la salud, quienes tienen contacto permanente con pacientes, por tanto, no deben olvidar que por el ejercicio de su actividad son sujetos de quejas, de responsabilidad administrativa y penal cuando no ofrecen la atención adecuada.
En el auditorio del Centro Médico “Adolfo López Mateos”, Carmona Castañeda indicó que no se puede alterar ningún esquema que atente contra la dignidad humana, pues la ley señala el principio pro persona, el control de la convencionalidad y la supremacía constitucional, que coinciden en favorecerla en todos los ámbitos. Asimismo mencionó que ante cualquier supuesto de discriminación, se pueden invocar los tratados en materia de salud, mujer, personas con discapacidad y otros sectores de la población, para garantizar el derecho a la protección de la salud.
Por último, recordó que todos los derechos tienen límites, y bajo esa premisa el ejercicio de los derechos de una persona no debe afectar el de otras, ni alterar el orden jurídico ni el orden público.