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TLALNEPANTLA, Edomex., 23 de noviembre de 2013.- En México, más de tres millones de menores de edad viven en condiciones de vulnerabilidad por trabajar desde edades tempranas o laborar en el campo. Debido a la pobreza, origen étnico, salud, edad o género, padecen exclusión social para satisfacer sus necesidades básicas, advirtieron académicos y expertos en el XII Congreso de Investigación Educativa.
De acuerdo con información de Milenio Diario, Elvia Taracena, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM, dijo que estas circunstancias requieren de programas y estrategias de reinserción social ajustados a los recursos y condiciones de vida de estos niños y jóvenes.
Los expertos mencionaron que estos niños enfrentan marginación e indefensión, para gozar de las libertades y derechos fundamentales de la infancia establecidos en la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales, como la posibilidad de ir a la escuela o acceder a una vida digna.
Teresa Rojas, académica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), refirió que en el país 500 mil niños menores de 14 años desempeñan labores agrícolas, de limpieza, recolección o transporte de productos. Del total, el sistema educativo sólo atiende a 5 de cada 100 menores. Sus derechos no son protegidos ni respetados, recalcó.
«Es urgente una política pública integral para garantizar su acceso a servicios básicos de alimentación, salud, educación y erradicación del trabajo infantil», estableció la especialista.
Por su parte, Silvia van Dijk, profesora de la Universidad de Guanajuato (UGTO), consideró que la inclusión laboral de los menores debe ser regulada con rigor para no dar lugar a explotación infantil. Es necesario dejar de satanizar el trabajo de este sector y crear escuelas especiales para una población diversa, recomendó.
En tanto, Carlos Rodríguez, de la Universidad Iberoamericana (UIA), sostuvo que, ante el incumplimiento de la legislación en materia de trabajo infantil, se deben crear mecanismos jurídicos para garantizar el ejercicio de los derechos relacionados. «El reto es establecer condiciones mínimas de bienestar para estos grupos vulnerables».