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Parte 4 de 6
La opacidad nubla la visión
TOLUCA, Edomex., 6 de marzo de 2014.- A casi dos meses de haberse hecho el anuncio oficial, el gobierno del Estado de México ha sido muy discreto en proporcionar mayor información. La página del gobierno mexiquense no muestra un solo documento adicional al comunicado de prensa en torno a la licitación, las condiciones en las que se dio, las garantías que se tendrán y las acciones que se realizarán con estas cámaras de videovigilancia.
Es más, a la fecha, oficialmente no se sabe con certeza cuáles serán los 30 municipios en los que se colocarán las unidades de videovigilancia, cuáles son las expectativas que genera un proyecto de esta naturaleza y ni siquiera las características físicas y tecnológicas de cada uno de estos aparatos.
A tal grado ha llegado la opacidad informativa que los propios legisladores de la entidad desconocen las condiciones en las que se otorgó el contrato. Por ello, Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la 58 Legislatura estatal, anunció que a través de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se promoverá que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice la asignación directa a la empresa SeguriTech Privada S.A de C.V., pues existe la posibilidad de que los 6 mil 376 millones de pesos formen parte de los recursos federales encaminados a las entidades y municipios para seguridad pública.
Incluso, “se pretende reponer el procedimiento de asignación directa y sustituirlo por una licitación pública, a fin determinar si existen o no violaciones e irregularidades en el proceso de licitación”, agregó Martínez Vargas.
Costos en otras entidades
En varios estados del país se han colocado cámaras de videovigilancia tendentes a mejorar la seguridad pública, tal es el caso del municipio norteño de Piedras Negras, Coahuila, que adquirió aparatos con un costo unitario de 200 mil pesos. El 6 de enero, el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, inició la colocación de siete unidades de características muy similares con uso de videovigilancia urbana, cuyo costo fue de 328 mil 570 pesos por cámara instalada.
El 14 de enero, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció la instalación de 7 mil cámaras dentro del Sistema Ciudad Segura, que se sumarán a las 13 mil cámaras con las que ya cuenta la capital mexicana; entre ellas, más de 2 mil tiene el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que sumarán, entre todas, 20 mil aparatos de videovigilancia.
Al siguiente día del anuncio, trabajadores del gobierno capitalino iniciaron la instalación de 2 mil 500 videocámaras de las 7 mil que se ubicarán en 767 unidades habitacionales, zonas de incidencia delictiva, instalaciones estratégicas e incluso en zonas rurales y en vialidades para reforzar el programa de radares.
Otra novedad, anunció el Ejecutivo local, serán 500 cámaras para reconocimiento de placas, lo cual permitirá cumplir tareas adicionales: un mejor control de tránsito (para llevar a cabo la infracción por medios electrónicos), y duplicar e incluso multiplicar el estado de fuerza del GDF en materia de tránsito, para vigilar que se cumpla con el reglamento en la materia, de modo que -si ello no ocurre- se haga el reporte para la infracción.
El costo total de las 7 mil cámaras fue de 4 mil 550 millones de pesos y la empresa que obtuvo el contrato fue Teléfonos de México (Telmex), empresa que se ha encargado de la instalación de todos los aparatos que, por cierto, cuentan con las mismas especificaciones técnicas, sin tener que llegar a crear un híbrido, en caso de elegir otro proveedor.
La pretensión es que cuando Miguel Ángel Mancera concluya su gestión como jefe de Gobierno, el Distrito Federal tenga instalado en su territorio 20 mil ojos vigilantes.