Evidencian Tlatlaya e Iguala falta de ley de uso legítimo de fuerza

MÉXICO, DF, 31 de octubre de 2014.- Los casos de ejecuciones extrajudiciales como el de Tlatlaya, Estado de México, y el de la desaparición forzada de Iguala, Guerrero, han puesto en evidencia la falta de una ley de uso legítimo de la fuerza por parte de autoridades judiciales, donde la constante es la violación a los derechos humanos y fundamentales de los mexicanos, señaló el presidente de la Comisión Especial, Guillermo Anaya Llamas, que coadyuva en las investigaciones de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Precisamente ese es el actual debate entre órganos legislativos que dan seguimiento a ambos casos, en la Cámara de Diputados, pues la fuerza del Estado ha sido desproporcionada en el caso Tlatlaya por uso de la fuerza por parte del Ejército y las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, declaró en entrevista el diputado panista Anaya Llamas.

Tras haberse difundido a través de redes sociales la agresión de presuntos elementos federales que encañonaron con armas largas a periodistas cuando se dirigían a las fosas clandestinas halladas en el municipio de Cocula, Guerrero, el legislador de Acción Nacional indicó que el informe que prepara la comisión que preside será en el eje del análisis sobre si México está preparado para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de derechos humanos.

A lo anterior, Anaya Llamas retomó que la misma observación hizo Amnistía Internacional sobre los casos Tlatlaya e Iguala, al señalar que el país no está preparado para garantizar los derechos humanos de los mexicanos, a pesar de haber firmado convenios y tratados internacionales, además de modificar la Constitución mexicana en la materia.

La Comisión Especial que da Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’, prepara un preinforme de toda la información relevante del caso recabada en las reuniones con autoridades federales y estatales, y organizaciones de la sociedad civil, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.