Extorsionaron y desalojaron a colonos en Chimalhuacán

CHUMALHUACÁN, Edomex., 31 de julio del 2014.- Pese a que durante más de un año, funcionarios públicos del ayuntamiento de Chimalhuacán cobraban 10 mil pesos mensuales a la organización social Tlally Teotl  sólo por ayudar A.C., para establecer una zona habitacional, al negarse a pertenecer a Antorcha Popular las autoridades municipales los desalojaron, bajo el argumentos de que están en una zona de riego y  de reserva ecológica.

Esto fue denunciado por la presidente y apoderada legal de la organización Tlally Teotl sólo por ayudar A.C. Patricia Cornejo Ayala, quien dijo que el pasado viernes 24 de julio, personal del ayuntamiento se presentó en el predio en donde 38 familias comenzaron a edificar sus casas, aunadas a las ocho que ya vivían en el lugar, quienes fueron desalojadas y sus casas fueron derribadas.

Patricia Cornejo explicó que la organización adquirió un terreno para un programa de vivienda para integrantes de la organización que no cuentan con una casa, en este predio se ubicó a 38 familias, pero al ir a solicitar informes para que la gente comenzara a realizar sus construcciones, platicaron con Rogelio Morales Pérez, quien dijo ser Jefe de Regularización de departamento de la Tenencia de la Tierra, quien les dijo que no había problema, que le pagarán 10 mil pesos mensuales y se instalaría.

Por ello, desde el 15 de junio del 2013, se le comenzó a entregar 10 mil pesos, además de pagarle comidas en cada una de las reuniones que había con el, para que se les permitiera establecerse en la zona.

«El problema surgió cuando nos dijo que nos afiliáramos a antorcha popular», dijo Patricia Cornejo, ya que le respondieron que por las políticas de su organización, ellos no podían adherirse a ningun grupo.

Cornejo Ayala, dijo que ante la respuesta negativa, una semana después, se presentaron funcionarios públicos del ayuntamiento, entre ellos la jefa del departamento de uso de suelo Flora Nájera Avendaño y David Emmanuel Gonzalo Flores Ramírez, jefe de licencias de construcción, «quienes sin justificación alguna, ni presentar una orden de desalojo, con apoyo de la fuerza pública, sacaron a la gente y destruyeron sus casas y pertenencias que había en el interior».

La dirigente de la organización Talli Teotl sólo por ayudar A.C., dijo que cuando ella acudió, les solicitó una orden de desalojo, pero nadie le pudo presentar el documento y aún así desalojaron y derribaron las casas.

«Sin seguir un procedimiento administrativo, ni notificar llegan y desalojan» dijo la representante legal, señalando que eso indica que existe una irregularidad.

Luego del desalojo, integrantes de la organización, levantaron un acta en la fiscalía especializada por delitos de servidores públicos, lo que quedó asentado en la carpeta de investigación 192820040011814, contra  Flora y David Emanuel, por lo delitos de despojo, robo, abuso de autoridad y lo que resulté

Patricia Cornejo dijo que en la ampliación de declaración, se agregarán cargos contra Rogelio Morales Pérez por extorsión, ya que se le entregaron 10 mil pesos mensuales durante un año «para que no nos molestara», dijo la dirigente.

Ante la denuncia exigió justicia, por el desalojo y la recuperación de las propiedades dañadas, lo que valora en aproximadamente 750 mil pesos.

Por su parte, el gobierno municipal, sacó un comunicado, en donde la encargada del departamento de Licencias y Uso de Suelo, Flora Nájera Avendaño, informó que la zona recuperada pertenece al predio conocido como El Pocito, donde habitaban 42 familias.

“Detectamos que estos hogares se ubicaban en zonas ecológicas; son viviendas asentadas en sitios de alto riesgo, principalmente en barrancas… aquí durante esta temporada de lluvias son constantes los
deslaves”, establece el comunicado.

Detalló que el operativo de recuperación de espacios ecológicos arrancó desde el momento en que la dirección detecta la construcción de cualquier estructura en zonas de conservación.

Y agrega que: «El departamento a su cargo emite las notificaciones correspondientes, informando a los habitantes sobre las irregularidades de dichos inmuebles».

Sin embargo los vecinos desalojados aseguran que no fueron notificados, ni se les dio derecho de audiencia, «pero eso si, nos extorsionaron durante un año y ahora que no quisimos pertenecer a su organización no desalojan».