Funcionarios de PGJEM protegen a fraccionadores: Frentemex

TOLUCA, Edomex., 27 de abril de 2015.- Para evitar la detención de Sergio Armando Guevara Márquez y René Jaime Mungarro, representantes legales de la empresa constructora Urbi Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., presuntos responsables del delito de fraccionadores, el comisario general de la Policía Ministerial de la PGJEM, Mauricio Crispín Hernández Butrón, durante 37 días manipuló las ordenes de aprehensión y otorgó información confidencial a los acusados, lo que permitió que obtuvieran un amparo contra su detención.

Lo anterior fue señalado con documentos oficiales a través de los cuales José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., sostuvo que desde los cargos directivos de la PGJEM se procede de manera irregular y delictiva, “ya que dicho comportamiento del vicealmirante Hernández Butrón da muestra de una instancia podrida”.

Fue así como el Frente Mexiquense interpuso un recurso jurídico contra el comisario general de la Policía Ministerial de la PGJEM y otros servidores públicos a los que les imputan dilación de la justicia.

“Durante la audiencia del 19 de marzo de 2015, el vicealmirante Mauricio Crispín Hernández Butrón reconoció la corrupción que se presenta en la Policía Ministerial de Ecatepec (donde se radicó el caso) y para evitar cualquier filtración de la información sobre las órdenes de aprehensión, le llamó al contraalmirante Rodolfo Pallares Herrán para que juntos coordinaran el operativo de detención con un grupo de policías ministeriales de la ciudad de Toluca, compromiso que no se cumplió porque todo fue una mentira y la información de las órdenes de aprehensión fueron manipuladas”, precisó Pérez Espinoza.

La prueba que el Frente Mexiquense aportó a la autoridad federal en el amparo indirecto 205/2015 para sostener que los encargados de operar el Sistema de Control y Seguimiento de Órdenes de Aprehensión, incurrieron en un delito al manipular el sistema para favorecer a los probables responsables e impedir el cumplimiento de la orden de detención, fue un documento oficial emitido el 10 de marzo donde se precisan los nombres de las personas que deben ser detenidas.

Dicha orden de aprehensión no apareció en el sistema, de acuerdo con supuestas previas consultas, y fue hasta el 17 de abril, un día después de que Humbertus Pérez Espinoza acudió a una reunión para tener información y cuestionar a la autoridad el por qué no se había ejecutado el mandato de la Juez Primera Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec con residencia en Chiconautla.

“Esta afirmación por parte del Ministerio Público Verónica Solache Reynozo de no existir omisión para ejecutar órdenes de aprehensión, la sustenta cuando afirma lo siguiente: lo anterior es así, toda vez que el Sistema de Control y Seguimiento de Ordenes de Aprehensión no arroja dato respecto de lo que adjunto constancia de referencia…”, narró esta mañana Pérez Espinoza.

Añadió que de manera sorpresiva el 17 de abril de 2015, es decir, al rendir su segundo informe justificado para aclarar por qué no había ejecutado esa orden de detención, Mauricio Crispín Hernández Butrón confirmó que la orden sí estaba en el sistema pero ya no la podía ejecutar porque los señalados gozaban de un amparo.

“Escondieron la orden durante 37 días, les permitieron tramitar un amparo y para que este tuviera efectos, la misma autoridad le filtró información confidencial”, precisó Humbertos Pérez Espinoza, representante legal del Frente Mexiquense.