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TOLUCA, Edomex., 13 de enero de 2015.- A más de cuatro años de haber iniciado un proceso jurídico-administrativo contra las principales inmobiliarias que operan en el Estado de México acusadas de vender casas de forma irregular al no contar con los permisos necesarios, incumplir los contratos de compra-venta, sobrevaluar los precios de los inmuebles, entre otras irregularidades, José Humbertus Pérez Espinoza, representante del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., informó que un juez determinó el aseguramiento de 10 mil casas del Conjunto Urbano Villa del Real, ubicado en Tecámac, lo que permite a sus inquilinos no seguir pagando los sobreprecios de las casas.
“Hoy más de 10 mil casas de Conjuntos Urbanos Villa del Real quinta sección, ubicadas en Tecámac, ya fueron aseguradas, lo que quiere decir que las hipotecarias o los bancos ya no pueden disponer de estos inmuebles, los propietarios ya no pagarán los créditos impagables, si acaso el costo real de la vivienda, pero como existe un daño moral, ahora los constructores tendrían que indemnizarlos”, precisó Pérez Espinoza.
El representante del Frente Mexiquense explicó que en dicho esquema inmobiliario abusivo y fraudulento que está vigente en la entidad mexiquense y país en general -donde siempre salen perjudicados aquellos compradores de buena fe de casas-, no sólo están involucrados los directivos de empresas como URBI Desarrolladores Urbanos S.A. de C.V; Promotora de Viviendas Integrales S.A. de C.V., sino también funcionarios públicos municipales y estatales que en su momento autorizaron y avalaron la edificación de los conjuntos urbanos en la entidad mexiquense.
Así como los directivos de las Sofoles-Sofomes como Patrimonio, ING Hipotecaria Santander, Ge Money Hipotecaria, Hipotecaria Su Casita, entre otras que a través de triangulaciones de créditos, con dolo y abuso de su posición, han sobrevaluado los costos de las viviendas en agravio de los compradores y a favor de las inmobiliarias.
José Pérez Espinoza sostuvo que alrededor de 20 mil personas podrían dejar de realizar el pago de créditos-viviendas a las SOFOLES, SOFOMES, Hipotecaria Nacional y bancos, si las autoridades proceden penalmente contra sus titulares por haber sobrevaluado las propiedades.