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TOLUCA, Edomex., 9 de marzo de 2015.- La promesa constitucional más importante en materia electoral es la equidad en la contienda para que la ciudadanía tenga confianza en emitir su voto, aseguró María Amparo Hernández Chong Cuy, magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entrevistada en el programa Justicia electoral a la semana, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del TEPJF, y por Canal Judicial, comentó que la Constitución no promete que un partido u otro resultará ganador, pero sí una contienda equitativa; por ello, el mayor reto que enfrentan los juzgadores es garantizar, mediante sus sentencias, la existencia de condiciones de igualdad durante los procesos comiciales.
De acuerdo con un comunicado, la funcionaria mencionó que en aras de garantizar la referida equidad, se han realizado reformas constitucionales para establecer sanciones, que cada vez son más severas, como las causales de nulidad de los resultados de la elección, en caso de comprobar el uso de recursos ilícitos en las campañas electorales, y otros.
En ese sentido, subrayó que la justicia se ha constitucionalizado pero los juzgadores tienen la obligación de hacer que se haga efectivo el contenido de la ley y que cuando se incumpla la normativa, existan los caminos a través de los cuales se pueda hacer cumplir.
Chong Cuy señaló que los juzgadores tienen el deber de hacer cumplir el contenido de la Carta Magna, al resolver todos los asuntos, para garantizar la confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia en materia electoral.
“De nada sirve que la Constitución diga una cosa y que haya jueces que hagamos efectiva esa Constitución, si la ciudadanía que se siente afectada no confía en nosotros”, afirmó.
La confianza, precisó, es un presupuesto básico en la impartición de justicia porque contribuye a que los justiciables busquen el amparo de las instituciones para resolver sus diferencias.
Para ello, consideró necesario que las sentencias estén dirigidas a resolver el conflicto que obligó a una ciudadana o a un ciudadano a tocar la puerta del Tribunal, además de construir elementos jurídicos que permitan resolver controversias similares a futuro y que orienten, tanto a la autoridad como a los justiciables, acerca del alcance de sus derechos.