Hay corrupción en bailes públicos en Ecatepec: Octavio Martínez

TOLUCA, Edomex., 15 de julio de 2014.- Tras la estampida en un baile de Ecatepec que ocasionó tres muertos, el gobernador del Estado de México Eruviel Ávila anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para crear la Ley de eventos públicos del Estado de México, con la que se pretende contar con disposiciones más estrictas que garanticen la seguridad de los asistentes a espectáculos masivos, como los bailes o conciertos.

“Si bien hay normas que regulan estas actividades, la nueva ley será mucho más estricta. Las facultades relacionadas con estos eventos se mantendrán en los ayuntamientos, en los presidentes municipales; está en sus manos, en las manos de todos, la seguridad de miles de personas”, dijo el gobernador.

La tragedia ocurrida la madrugada del 6 de julio en el predio 30-30 de Ecatepec puso bajo lupa la forma en que se otorgan permisos para la realización de bailes o conciertos, señala El Universal Edomex.

Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso mexiquense, reconoció que al año se realizan miles de bailes populares; sin embargo, nadie sabe con certeza cuántos son, porque no existe un padrón de otorgamiento de permisos.

Aceptó que hay corrupción en ese tipo de eventos y dijo que son un gran negocio, cuya derrama económica oficial para el municipio no corresponde con las ganancias que realmente obtienen los organizadores.

“Sin duda hay corrupción, un ejemplo es el baile de La Arrolladora: entraron alrededor de 50 mil personas, el boleto tuvo un precio de 200 pesos, son 10 millones de pesos y a la administración municipal pagaron un derecho de 75 mil pesos. No existe comparación entre la utilidad que deja el baile frente a los derechos que pagan al municipio”, explicó el legislador.

La síndico procuradora de Ecatepec, Diana Méndez Aguilar, reconoció que a los miembros del cuerpo edilicio no se les presenta un informe financiero de los ingresos que se reciben por la autorización de permisos.

Autoridades municipales consultadas, que pidieron el anonimato por temor a represalias, aceptaron que existe complicidad entre empresarios y autoridades, y que ningún baile se autoriza sin que el presidente municipal esté enterado.