Icaza-CIDH-OEA-EU vs. ejército; ¿entregar plazas a delincuentes?

13 de octubre de 2015

9:52

Carlos Ramírez/Quadratín

De manera inusual y violando los protocolos diplomáticos, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el activista Emilio Álvarez Icaza, entró la semana pasada en una línea de confrontación directa contra el Ejército Mexicano.

En pocas palabras, el funcionario internacional quiere regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles y quitarlos de labores, dice, de seguridad pública. Lo de menos es su ignorancia jurídica y constitucional –es sociólogo y no jurista– porque el ejército no hace labores de seguridad pública sino de seguridad interior amparadas por la Constitución por casos que amenazan la seguridad nacional.

El trasfondo del asunto es más sencillo: al retirar a las fuerzas armadas de tareas de seguridad interior contra el crimen organizado trasnacional que surte de droga a los consumidores de EE.UU., el territorio nacional quedaría a merced de esos grupos criminales que han rebasado, comprado y sometido a fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, y funcionarios de todos los niveles.

Así, el retiro de las fuerzas armadas de la seguridad interior que exige la CIDH y sus ONG´s funcionales representaría la entrega de las plazas a los cárteles del crimen organizado. Y en ese momento, México tendría que llegar al punto de legalizar el consumo de drogas que ya se hizo en EE.UU. Y a ello se agrega otro detalle: sin una fuerza local capaz de combatir al crimen trasnacional, entonces las policías y fuerzas armadas estadunidenses tendrían que arribar a México a proteger a sus connacionales y combatir a narcos que hasta ahora controlan la venta de droga al menudeo, de acuerdo con datos de la Casa Blanca, en tres mil ciudades de EE.UU.

La engañifa de Álvarez Icaza se ha centrado en un tema marginal del caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa: que deben declarar ante emisarios extranjeros los soldados mexicanos del 27 regimiento, cuando ya se demostró que en nada participaron y que carecían de facultades legales para intervenir. La trampa consiste en enredar a los soldados para que después la CIDH-OEA involucre al ejército en el caso.

Por eso de manera arbitraria el secretario ejecutivo de la CIDH-OEA ha confrontado directamente al secretario de la Defensa Nacional; de nuevo la ignorancia institucional y jurídica de Álvarez Icaza: el secretario de la Defensa es miembro del gabinete presidencial y como tal tiene facultades para opinar. Los soldados del 27 regimiento ya declararon ante el ministerio público. Las preguntas preparadas por la CIDH son tramposas porque buscan dejar la sospecha política de que el ejército sí tuvo que ver con el asesinato de normalistas ordenado por un alcalde del PRD y ejecutado por el grupo criminal Guerreros Unidos al cual pertenecían el alcalde y su esposa, los dos perredistas.

Contrasta la intensidad obsesiva de Álvarez Icaza contra el ejército con su silencio hipócrita respecto a la participación de autoridades y dirigentes perredistas en la orden de arresto de los estudiantes, la penetración del narco en la Normal de Ayotzinapa y la cobertura política para excluir al PRD de esa crisis. Pero no debe extrañar por la alianza política de Álvarez Icaza con el PRD.

Al acotar al ejército y poner por delante los derechos humanos, Álvarez Icaza y la CIDH-OEA estarían propiciando que el crimen organizado reine en México…, como en EE.UU.

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