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MÉXICO, D.F., 3 de septiembre de 2014.- La implementación del nuevo sistema de justicia penal se aplicará en cinco etapas, en las que Durango y Puebla serán los primeros estados en operarlo con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los titulares de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial de la Federación, Jesús Murillo Karam y Juan Silva Meza, respectivamente, así como el comisionado Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, solicitaron al Congreso de la Unión emita la declaratoria de entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal en dichas entidades.
La solicitud, dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa y que será entregada este miércoles, se detalla que dicha entrada en vigor sea el próximo 24 de noviembre, con lo que se cumple con la primera fase de trabajo para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Juan Silva Meza, titular de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, adelantó que se asignaron cinco etapas de trabajo para la implementación gradual del nuevo Sistema de Justicia Penal, la primera etapa la encabezan Durango y Puebla.
Mientas que la segunda etapa estará enfocada para los estados de Yucatán y Zacatecas; la tercera estará dirigida para Baja California y que se espera se pueda concluir para marzo de 2015; la cuarta etapa agrupa a las entidades de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Morelos que se espera finalice para junio de 2015.
Por último, la quinta etapa considera a Nayarit, Colima, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz que se espera se establezca para enero de 2016.
“Es dar seguimiento a la declaratoria de inicio, a la gradualidad del nuevo sistema de justicia penal, a la gestión al interior de los centros de justicia, de los métodos de videoconferencias, protocolos de seguridad y los proyectos de modificaciones a la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Defensoría Pública”, dijo Silva Meza.
Por su parte, Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, dijo que se decidió que fueran las dos entidades antes mencionadas toda vez que son las que más avances han registrado en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
“Para definir los criterios de gradualidad los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación de Justicia Penal tomaron en cuenta el avance en materia de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información, así como la complejidad de las cargas de trabajo, rezago y tipo de asuntos y el avance en la implementación que existe a nivel estatal”, detalló el funcionario, quien firmó la solicitud a nombre del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.