Impunidad en la “guerra sucia”, causa de los hechos de Iguala: CIDH

MÉXICO, DF, 31 de diciembre de 2014.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo públicas mediante un infore las conclusiones de las reuniones de trabajo y audiencias públicas que celebraron sus miembros, durante el 153º Período Ordinario de Sesiones, que se realizó del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014.

En el caso de México, la CIDH muestra preocupación por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, y argumenta que la impunidad vivida en México durante la “guerra sucia” que declaró el estado contra movimientos sociales, especialmente en Guerrero durante los años 70, 80 y 90, es parte de la causa, que actualmente en México continúen las desapariciones forzados y los asesinatos extrajudiciales, que cifra en más de 100 mil.

El informe ha alusión a la contradicción que se presenta en México, respecto a los avances normativos, y a los patrones generalizados de violaciones de derechos humanos que resultan en una tasa de 98% de impunidad. La Comisión lamentó los dramáticos hechos acaecidos recientemente en el Estado mexicano, y manifestó su interés por conocer las medidas que tomará para dar respuesta a estos graves hechos, en particular, la relativa a la implementación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

La CIDH también se refirió al desafío que enfrenta México a fin de lograr una coherencia entre la buena voluntad de las autoridades federales y las actuaciones de las autoridades a nivel estatal y municipal.

El cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en 2006, es otro punto resaltado por la CIDH, ya que se llevó a cabo sin justificación y sin haber cumplido su mandato de investigar los crímenes ocurridos durante la “guerra sucia” en México.

Además, manifestaron que con el cierre de esta institución, sus investigaciones fueron remitidas a la Dirección de la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que hasta la fecha no habría mostrado avances para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de lesa humanidad.

Finalmente, los peticionarios manifestaron su preocupación sobre la alegada tendencia por parte de las autoridades a restringir la libertad de expresión y la protesta social en el país desde 2012.

Dicha tendencia se estaría presentando a través de iniciativas de leyes, algunas de ellas ya aprobadas, y normas federales y locales que presentarían restricciones mediante la regulación del espacio público para manifestaciones sociales, la obligación de dar aviso a las autoridades con anticipación, el uso de un lenguaje ambiguo en dichas leyes, así como el uso del derecho penal.

Asimismo, señalaron el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones no solo contra los que hacen parte de ella, sino contra las personas que documentan su desarrollo.

(Lee el informe aquí: http://bit.ly/1wzstJs)