Le exigían 200 mil pesos por “comprar su libertad” en Ecatepec

ECATEPEC, Edomex., 21 de abril de 2014.- El estudiante Roberto de Jesús Valdez García, de 22 años de edad, estuvo encerrado un año siete meses por un delito que no cometió; según señalan, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) “le inventaron” en el expediente judicial que lo habían detenido con un auto robado, cuando en realidad, supuestamente, lo fueron a sacar de su domicilio para exigirle a su familia 200 mil pesos, esto para “comprar su libertad”.

Acompañado de sus padres, Felipe Valdez Martínez y Elizabeth García Meza, Roberto de Jesús acudió con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la legislatura local, Octavio Martínez Vargas, para buscar limpiar su nombre y resarcir el daño moral.

El joven recordó que el pasado mes de agosto de 2012, se encontraba descansando en su casa, ubicada en la comunidad Barrio Nuevo Tultitlán, después de llegar de la escuela CCPM, en la que estudiaba con excelencia académica la carrera de Diseño Gráfico Digital.

Ahí, un comando de la SSC fuertemente armado, irrumpió en su domicilio rompiendo la chapa para sacarlo con lujo de violencia, amenazando con sus armas a sus familiares y vecinos para que se metieran a sus casas y no tomaran fotos de la detención.

Posteriormente, la patrulla estatal 07199, además de otras, lo presentaron ante el Ministerio Público de San Cristóbal Centro, acusándolo de haberlo encontrado a bordo de un auto robado en la Avenida Primero de Mayo de esta demarcación; sin embargo, sus padres argumentaron que su hijo ni siquiera sabe manejar.

Tras los hechos, sus padres recorrieron varias instancias para tratar de liberar a su hijo, por lo que al llegar al Ministerio Público, el señor Felipe Valdez Martínez intentó levantar la denuncia, cosa que ha sido imposible.

Además, ahí le exigieron inicialmente 40 mil pesos para liberarlo, y con el paso de las horas la cuota ha aumentado a los 200 mil pesos.

De acuerdo con la denuncia, esos 200 mil pesos serían repartidos de la siguiente manera: 35 mil para la parte acusadora, 80 mil para los policías, para que cambiaran la versión de los hechos, y lo restante para repartirlo en el Ministerio Público.