Liberan a comerciante acusado por federales de pertenecer a un cártel

XTAPALUCA, Edomex., 29 de agosto de 2014.- Rogelio Andrés Peñaloza Lozano, un comerciante de 41 años, habitante de Ixtapaluca, en agosto del 2009 estaba en una fiesta familiar en la colonia Casco de San Juan, en el municipio de Chalco, cuando irrumpió un grupo de la Policía Federal y detuvo a ocho hombres por ser, supuestamente, “integrantes de la Familia Michoacana».

Pero todo esto resultó ser una mentira, reveló el propio Rogelio Andrés Peñaloza Lozano, quien hace seis meses salió de la cárcel cuando pudo probar su inocencia y que todas las acusaciones eran falsas.

Pero tuvo que pasar cinco años en prisiones federales por un delito que no cometió, cuya acusación le causó daño moral y económico, ya que su familia sufrió mucho y sus padres murieron con la carga emocional de la acusación que le hicieron y quebraron económicamente.

Peñaloza ahora busca que el estado mexicano le repare el daño moral y lo resarce económicamente.

Sufrió tortura por parte de los federales, «los policías federales casi me matan, la nariz la tengo desviada. Fueron a mi domicilio y se robaron todo lo de valor. Nos golpearon porque querían que dijéramos lo que ellos querían».

La Procuraduría General de la República (PGR) le fincó los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego y acopio de armas.

«En la casa donde nos detuvieron no había ni armas, ni droga, no había nada de eso», afirmó.

Pero cuando los presentaron ante los medios de comunicación, los exhibieron con armas de grueso calibre que nunca había visto en su vida.

Estuvo arraigado 80 días y después fue trasladado al Penal del Altiplano donde estuvo tres años, luego fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Sonora, en donde permaneció un año siete meses.

Rogelio Andrés tuvo que defenderse por sí mismo. En la cárcel recurrió a libros de Derecho y consiguió lo impensable: que lo absolvieran de las imputaciones que le formularon.

«Auto de libertad por falta de elementos para procesar», ordenó el juez segundo de Nayarit, José Luis Gómez Martínez, el 27 de marzo de este año.

«Se comprobó que todo lo que estaba en el parte informativo de la Policía Federal era mentira, que no había motivo para que estuviera preso, pero desgraciadamente se dieron cuenta casi cinco años después», dijo.

Ahora busca que su nombre y honor sean limpiados por las propias autoridades que lo mantuvieron encerrado sin razón alguna y por los medios de difusión que se ensañaron con él.