Obligados a declarar bienes 1,149 funcionarios del Congreso

TOLUCA, Edomex., 12 de mayo de 2014.- Al detectar que el patrimonio de algún funcionario público o de elección popular incrementó de forma sustancial en breve tiempo y haber indicios, a partir de sus declaraciones patrimoniales, para presumir enriquecimiento inexplicable, los coordinadores de los siete grupos parlamentarios que conforman la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, son los que determinan si se inicia o no un procedimiento jurídico en su contra.

Victorino Barrios Dávalos, titular de la Contraloría del Poder Legislativo, precisó que mil 149 funcionarios del Congreso local tienen como plazo el último minuto del presente mes de mayo para cumplir con su obligación, pues de no hacerlo se hacen acreedores a amonestaciones que involucran un pago de 15 días hasta seis meses de salario mínimo como multa.

Barrios Dávalos precisó que cuando detectan alguna inconsistencia o declaración fuera de los plazos establecidos “hacemos el resarcitorio y quien da vista al Ministerio Público es la Junta de Coordinación Política. Nosotros proporcionamos los elementos y con eso, ellos -coordinadores- presentan la denuncia, hubo dos casos, pero no son recientes”, subrayó.

Reconoció que al no hacerse públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios electos, hay cierto margen de opacidad, pues indicadores de la Organización de Naciones Unidas establecen que la declaración patrimonial forma parte de los ocho aspectos que dan cabida a actos irregulares o corrupción.

Por lo anterior, Barrios Dávalos consideró que si los funcionarios públicos optan por hacer público todo su patrimonio, aunque la ley en estos momentos no los obligue, muy probablemente se estaría frente a un ejercicio de transparencia muy relevante, pero sobre todo ante un hecho que fortalecería a las instituciones.

Datos de la Contraloría del Poder Legislativo indican que durante el trienio pasado tres presidentes municipales, 11 síndicos y 123 regidores, fueron sancionados por no haber realizado su declaración de bienes en tiempo y forma.