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CHIMALHUACÁN, Edomex.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició dos quejas contra escuelas secundarias de nivel básico del municipio porque en el interior se tatuaron a dos alumnos para obligarlos a formar parte de un grupo de estudiantes.
Los padres de los dos afectados denunciaron ante la Codhem que a sus hijos los tatuaron contra su voluntad.
Para formar parte de un núcleo estudiantil, los alumnos tuvieron que ser marcados en su cuerpo para ser reconocidos por sus otros compañeros, señaló el Universal.
«Como resultado de la primera queja se propuso un procedimiento de conciliación para que se brindara capacitación en materia de derechos humanos tanto a los estudiantes de la escuela como a los docentes», explicó el visitador del organismo con jurisdicción en Nezahualcóyotl, César Archundia Camacho.
Los procedimientos se iniciaron de manera separada porque ocurrieron en diferentes planteles de Chimalhuacán, precisó el visitador de la Codhem.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no reveló el nombre de los alumnos tatuados, ni de las instituciones educativas a las que acuden para proteger su imagen.
César Archundia explicó que en el segundo caso, en el que un alumno tatúo a su compañero sin su consentimiento está pendiente una resolución.
La situación se complicó porque el padre del estudiante afectado ingresó a la escuela y agredió al alumno que marcó a su hijo.
«El padre de familia resultó ser un elemento activo de Seguridad Pública municipal, por lo que no soslayamos la primera agresión del menor hacia al otro, pero no se puede permitir que un servidor público agreda a un menor dentro de un plantel», dijo el visitador.
En este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), la propia Policía Municipal, las autoridades escolares y la Codhem realizan investigaciones y se espera que en los próximos días se dé a conocer la resolución.
En las dos escuelas secundarias donde se presentaron las quejas por los tatuajes se lleva a cabo capacitación a los servidores públicos que laboran ahí para impedir que se presenten más casos similares.