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Policía de Ecatepec detiene a tres por flamazo en pipa de gas
TOLUCA, México, 30 de abril de 2015.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas, al igual que sus pares de otras entidades, alcaldes y funcionarios federales, no pueden estar generando programas de comunicación social y aparecer en medios de comunicación, con la finalidad de influir entre los ciudadanos y potenciales votantes; un comportamiento de esa magnitud está prohibido, así se establece en el Artículo 134 de la Constitución, precisó Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Luego de dictar una conferencia magistral en la Escuela Judicial de la capital mexiquense donde hizo un recuento de los delitos, el especialista en temas jurídico electorales Nieto Castillo, detalló que el artículo 134 de la constitución establece como un principio para los trabajadores gubernamentales, no utilizar los recursos públicos para influir en las preferencias electorales y por tanto obliga a un principio de imparcialidad en el ejercicio de su actividad de los recursos que manejan.
“Prohíbe también el Artículo 134 de la Constitución que se generen programas de comunicación social en las campañas electorales y esto se conoce como veda electoral. La verdad es que no pueden aparecer en medios de comunicación, no pueden, precisamente por eso (Santiago Nieto) no puedo hablar con (reporteros) ustedes”, precisó.
El Fiscal Santiago Nieto invitó a los representante de la prensa y población en general, a denunciar cualquier hecho irregular, violación a la ley electoral o acto ilegal cometido durante el proceso electoral.
“La veda electoral alcanza a todos los funcionarios y yo también soy un funcionario electoral”, argumento para dejar de responder cuestionamientos y dudas que tenían los reporteros.
Durante su intervención en la Conferencia magistral, Nieto Castillo, reconoció que aunque los ilícitos de índole electoral no son considerados como graves, pues en promedio se pueden castigar con 5 años de prisión en casos extremos, precisó que los legisladores que diseñaron la reforma político-electoral, mandaron un mensaje muy claro al contemplar sanciones ejemplares a quein rebase el tope de campaña, utilice en su campaña recurso de procedencia ilícita o de origen del narcotráfico.
En este sentido, precisó que aquellos candidatos que incurran en estos supuestos contemplados en la ley electoral, serán acreedores a sanciones muy contundentes como podría ser quedar fuera de la contienda electoral.
Admitió que experiencias de otras latitudes del mundo, han mostrado que elevar las penas “no sirve de nada”, pues no aumenta la eficacia, eficiencia y sobre todo no inhibe la comisión de delitos electorales.