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MÉXICO, DF, 16 de enero de 2015.- Los 20 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) señalados por torturar e intimidar a las testigos de la ejecución sumaria de 22 personas en Tlatlaya también están siendo investigados para determinar si incurrieron en algún otro delito contra la administración de justicia, pues obstaculizaron las indagatorias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo a información de El Universal, la investigación debe aclarar el porqué los servidores públicos no entregaron las fotografías detalladas de los cadáveres de las personas que, según la CNDH, fueron ejecutadas.
En el caso de Tlatlaya, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) entregó a la CNDH mil 676 fotografías, pero con planos generales y no pormenorizadas de las lesiones de las personas, argumentando que no las tenía, cosa que para la comisión resulta inverosímil.
Como parte de sus diligencias, el organismo solicitó asimismo a la dependencia estatal las imágenes capturadas por el personal ministerial en el lugar de los hechos, así como las necropsias.
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