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MÉXICO, D.F., 1 de septiembre de 2014.- Nueve migrantes mexicanos que fueron deportados voluntariamente de Estados Unidos podrán impugnar su deportación ante tribunales estadounidenses en virtud de un acuerdo logrado la semana pasada, que podría allanar el camino de regreso a Estados Unidos de otros extranjeros que han sido deportados, destaca el periódico británico The Guardian en su edición digital de este lunes.
De acuerdo con el diario británico, la organización denominada Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) lleva el caso de nueve ciudadanos mexicanos a los que intimidaron agentes de migración del vecino del norte para que aceptaran ser deportados.
La ACLU denuncia que dicha acción configura una “expulsión ilegal bajo coacción”, pues los funcionarios de inmigración no advirtieron a los inmigrantes que enfrentaron la deportación de las consecuencias de estar de acuerdo en su expulsión, que implican su renuncia defenderse legalmente del proceso.
Virginia Kyce, vocera de ACLU, dijo que las agencias alcanzaron el acuerdo “para garantizar que los extranjeros comprendan plenamente las consecuencias potenciales de regresar voluntariamente a México”.
El mecanismo de regreso voluntario se usa como una opción para los individuos que desean regresar a su país sin pasar por el proceso de deportación, pero en ningún caso se toleran la coacción ni el engaño.
Bajo el acuerdo anunciado la semana pasada, el sistema de justicia estadounidense citará a los funcionarios de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza para prohibirles presionar a los migrantes ilegales a aceptar su deportación voluntaria y a requerirles información detallada sobre el proceso de deportación.
El acuerdo también incluye cambios relevantes en el trato a migrantes, que a partir de esta semana contarán con una línea telefónica que ofrece información sobre la salida voluntaria que permitirá a los migrantes a hacer llamadas telefónicas y comunicarse con abogados y asesores, que estarán inmediatamente disponibles.
El acuerdo colectivo incluye una disposición que permitiría que los ciudadanos mexicanos expulsados desde el sur de California, entre junio de 2009 y agosto de 2014, regresen a Estados Unidos para presentar sus casos ante un juez de inmigración.
No está claro cuántas personas se verían afectadas en virtud del acuerdo, pero The Guardian advierte que funcionarios estadounidenses señalan que unos 30 mil migrantes aceptaron ser deportados voluntariamente en el sur de California durante el periodo.
Sean Riordan, abogado senior en la oficina de ACLU en San Diego, dijo que el número de repatriaciones podría alcanzar de “varios cientos de personas, a algunos miles de personas”.
“Si el acuerdo se aplique plenamente y de buena fe por parte del gobierno, entonces creo que va a ser muy importante, ya que significa que las familias ya no serán destrozadas sumariamente después de que un padre o un cónyuge sea arrestado por la patrulla fronteriza”, apuntó.