Va PRD contra pensión millonaria de magistrados

CIUDAD DE MÉXICO, DF., 21 mayo de 2014.- La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, presentará este miércoles en la Comisión Permanente una reforma para derogar la pensión millonaria que se pretende otorgar a los magistrados electorales, de acuerdo con información de Milenio.

Aunque el coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa, anunció este martes que esperarían a la promulgación de la Reforma Político-Electoral para impulsar el cambio, el proyecto fue registrado hoy en la Gaceta Parlamentaria.

En el documento, el PRD plantea eliminar la fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que abre la puerta a que los magistrados cobren una pensión de hasta 730 millones de pesos, financiada con recursos de los ciudadanos.

En el documento, los legisladores consideran que se trata de un dispendio presupuestal injustificable frente a las malas condiciones económicas por las que atraviesa el país.

«Es una prestación millonaria agraviante para los sectores mayoritarios de la sociedad mexicana que sufren de por sí condiciones graves en equidad social», critican.

Según los perredistas, los escasos argumentos a favor del haber de retiro para los magistrados carecen de racionalidad frente a los altos ingresos que ya perciben.

La prohibición para litigar dos años después de que concluye su gestión, afirman, no alcanzan a justificar la dotación de un haber que puede resultar exorbitante, en consecuencia la discrecionalidad con la que será asignado.

De acuerdo con los senadores, los salarios y prestaciones millonarias que reciben los magistrados les permiten generar ahorros suficientes, en previsión de los dos años en los que no podrán mitigar, tras concluir su mandato.

«La capacidad de previsión económica de los magistrados es basta en la misma medida que lo es la retribución que reciben por su cargo durante nueve años», advierten.

Además, recuerdan a los juzgadores que la imparcialidad en su desempeño es una obligación que deben cumplir, al margen del abultado retiro que se pretende otorgarles.

«El actuar con apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia es una obligación constitucional de los juzgadores y no precisa de incentivos económicos sino de probidad, profesionalismo y compromiso», agregan en la exposición de motivos.