A las armas
En días pasados el Gobierno de Donald Trump desplazó todo un operativo militar cerca de las costas de Venezuela, con el argumento de detener el tráfico de drogas de ese país a los Estados Unidos. De acuerdo con medios internacionales, el despliegue militar consiste en tres destructores de misiles guiados, tres buques, un submarino nuclear, aviones de vigilancia marítima y cerca de 6,700 marines.
En reacción a estas movilizaciones militares, el gobierno de Caracas ha reaccionado de manera peculiar, convocó a los ciudadanos a una jornada de alistamiento con la finalidad de ser anotados como reservistas. Se trata de una medida extrema, porque obliga a los ciudadanos a tomar las armas, exponer eventualmente la vida en defensa de su país, en caso de una invasión extranjera. Dicha medida se encuentra regulada por el derecho internacional como los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, con la finalidad de evitar el reclutamiento forzado, principalmente de niños, adolescentes y población vulnerable.
El reclutamiento forzado, consiste en obligar a una persona a unirse al ejército o grupos armados no estatales, en contra de su voluntad y sin su consentimiento, por tanto, se considera una violación a los derechos humanos.
En 1862 Abraham Lincoln firmó la primera Ley de Reclutamiento Forzado de la Unión, con una cláusula muy especial, el recluta que no quisiese servir en el ejército podía pagar a otro para asistir a la guerra en su lugar, lo que generó severos cuestionamientos, entre ellos se decía que era la guerra de los ricos en la que peleaban los pobres. En su libro Justicia ¿hacemos lo que debemos?, Michael J. Sandel señala que la Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1864, aunque no eliminó el pago por sustitución, sí estableció una tasa de exención para evitar ir a la guerra: “de los alrededor de 207,000 hombres elegidos por sorteo, 87,000 pagaron la tasa de exención, 74,000 pagaron sustitutos y solo 46,000 ingresaron a sus filas”.
El alistarse como reserva para defender la patria no debería haber distinción alguna; sin embargo, en los hechos sigue existiendo una cláusula de exención de facto, en la cual los hijos de las élites no participan en los conflictos armados. Hay una lista de aquellos que evitan tales riesgos como son: banqueros, empresarios, analistas, editores, ejecutivos e intelectuales orgánicos entre otros.
La paz no es un estado permanente y mientras existan Estados soberanos habrá guerra. Esa es la lógica de los imperios y la razón del poder mediante el uso legítimo de la violencia. Si la guerra es la extensión de la política por otros medios, habría que desconfiar de aquellos que como bien señala Nassim Nicholas Taleb “no se juegan la piel”, evitan los riesgos. Un ingeniero debería cruzar el puente que construye, los banqueros deberían enfrentar las pérdidas económicas que provocan, en esos términos los que deciden iniciar guerras o apoyar intervenciones militares deberían estar dispuestos a participar personalmente en ellas o a que sus hijos lo hagan, no hay que olvidar que en épocas remotas ninguna sociedad podía ser gobernada sin un guerrero que encabezara su lucha.
