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TOLUCA, Edomex., 09 de octubre de 2017.- Se espera que a finales de año al menos 41 servidores públicos sean castigados por casos de nepotismo en el Estado de México, señaló Víctor Barrio, contralor del poder legislativo estatal. Contabilizaron 112 casos en los últimos cinco años.
«El nepotismo es el favor que le hace un familiar a otro para incorporarse a la administración municipal o estatal o federal», contextualizó en entrevista exclusiva para este medio y agregó que legalmente pueden integrarse familiares hasta de cuarto grado.
En este entendido, dijo que el designar a un familiar a un puesto gubernamental a pesar de no cumplir con el perfil requerido es un ejercicio que va más allá de las facultades referidas, además de abonar a actos de corrupción.
El Estado de México en números
En el último lustro este órgano ha captado 112 casos de nepotismo, a pesar de haber llamado a los 125 municipios a rendir cuentas en esta materia. Chinconcuac y Almoloya de Juárez encabeza la lista.
En 2013 hubo 30; 2014 26; 2015 6; 2016 32; 2017 18. De este total solamente 41 tendrán acciones vinculantes en contra del familiar y el presidente municipal que van de la suspensión del cargo por 15 días, multas económicas o el abandono del servicio público de manera definitiva dependiendo de la falta.
En una década dijo haber inhabilitado a 69 servidores públicos en la entidad entres presidentes, síndicos y regidores. De este mismo modo también 70 diputados han sido multados por acciones referentes a esta práctica.
Refirió que los municipios que encabezan la lista son Chinconcuac y Almoloya de Juárez con 5 y 4 casos respectivamente, los cuales espera sean resueltos antes de finales de año ya que al igual que el resto de los municipios tuvieron el tiempo para defenderse de este procedimiento.
Atlacomulco, Chapultepec, Huehuetoca, Ixtapan de la Sal, Tlalnepantla, Valle de Chalco, son algunos de los municipios que acumularon dos casos respectivamente, los cuales también serán finiquitados a finales de año.
Finalizó que los contralores harían la solicitud al gobernador Alfredo Del Mazo para que sean removidos del cargo aquellos servidores públicos que abonen en dichas faltas.