Acosa Ricardo Moreno a empresarios; pretende cobrarles más impuestos
TOLUCA, Edomex., 16 de julio de 2026.- Este jueves, organismos empresariales, representantes del comercio organizado y asociaciones civiles del Valle de Toluca exigieron al Ayuntamiento de Toluca y al Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) instalar mesas de diálogo para revisar el cobro por descargas de aguas residuales, al advertir que la aplicación del porcentaje máximo de hasta 61 por ciento resulta desproporcionada, carece de criterios claros y podría afectar la permanencia de cientos de pequeños negocios.
Durante una conferencia de prensa encabezada por representantes de Coparmex Estado de México, el Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, Canaco Servytur Valle de Toluca, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, la Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca y la Delegación Centro Histórico, los participantes coincidieron en que no se oponen al cumplimiento de la ley ni al pago del derecho, pero cuestionaron que la administración municipal pretenda aplicar el porcentaje máximo sin explicar la metodología utilizada ni distinguir entre los diferentes giros comerciales y niveles de consumo.

Exigen empresarios de Toluca mesas de diálogo al Ayuntamiento
El presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, James Edward Marín Noriega, advirtió que la medida podría representar un incremento de hasta 61 por ciento sobre el costo del servicio de agua y señaló que el Ayuntamiento no ha transparentado la forma en que calcula la tarifa.
“Compartimos el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica, el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, consideramos indispensable que este cobro se sustente en certeza jurídica, transparencia y una metodología pública y verificable”, afirmó.
Uno de los principales señalamientos fue que la autoridad municipal pretende aplicar un mismo criterio a actividades económicas distintas, situación que los empresarios calificaron como injusta, al considerar que un restaurante pequeño, un centro cultural, una plaza comercial o una industria no deberían recibir el mismo tratamiento tarifario. Además, advirtieron que algunos establecimientos ya comenzaron a recibir recibos con el concepto de descargas residuales e incluso con cobros retroactivos desde 2025. También cuestionaron la falta de información sobre quiénes pagarán el porcentaje máximo, quiénes una tarifa menor y bajo qué criterios técnicos se realizará esa clasificación.
Cuestionan falta de criterios para aplicar la tarifa
Ante esta situación, el presidente de Coparmex Estado de México, Julián Niembro Rivera, sostuvo que la administración encabezada por Ricardo Moreno debe privilegiar el diálogo antes que la imposición de nuevos cobros.
“Hoy lo importante es la convocatoria y lo que pide Coparmex al municipio de Toluca es una mesa permanente de diálogo. No nos negamos a pagar; vamos a pagar lo que tengamos que pagar, pero que sea un precio justo para poder seguir fortaleciendo la economía del municipio”, expresó. Añadió que el propio Código Financiero establece que el 61 por ciento corresponde a un tope y no obliga a los municipios a aplicar el máximo permitido.

Los representantes empresariales también cuestionaron que, mientras el comercio formal enfrenta nuevas cargas económicas, el ambulantaje continúe operando sin las mismas obligaciones en distintos puntos de la ciudad. Señalaron que los negocios establecidos cumplen con licencias, impuestos, permisos, normas sanitarias y pagos por descargas, además de costear análisis de aguas residuales cuyo precio oscila entre 5 mil y 7 mil pesos, así como permisos cercanos a los 2 mil pesos, mientras que buena parte del comercio informal utiliza la infraestructura pública sin estar sujeto a las mismas revisiones ni contribuciones.
En el encuentro también señalaron que las ventas durante el Mundial estuvieron por debajo de lo esperado y advirtieron que sumar un nuevo cobro en el actual contexto económico podría acelerar el cierre de negocios y reducir la competitividad de Toluca frente a municipios vecinos como Metepec y Zinacantepec, donde, afirmaron, el mismo derecho se aplica con esquemas más flexibles.
Comercio formal denuncia competencia desigual
De igual forma, la vicepresidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, Verónica Valdés, hizo un llamado tanto al Ayuntamiento como a la Legislatura mexiquense para revisar el esquema actual y evitar que el costo recaiga de manera indiscriminada sobre los comercios establecidos.
“No estamos en un ánimo de confrontación, sino de diálogo y de acuerdo. Se nos hace que el 61 por ciento, que el Código Financiero establece como un tope, debe estudiarse y definir claramente quién puede llegar a ese máximo y quién no”, afirmó.
Los organismos empresariales insistieron en que aún existe margen para construir un esquema de cobro más equitativo mediante el diálogo con las autoridades municipales. Mientras ello ocurre, señalaron que la falta de claridad sobre los criterios de aplicación y la ausencia de una mesa técnica mantienen la incertidumbre entre los comercios establecidos, que temen un nuevo golpe a su economía en un escenario donde las ventas continúan sin recuperarse por completo.






