Acusan a esposo de diputada panista de presionar a medios en Izcalli
CUAUTITLÁN IZCALLI, Edomex., 6 de noviembre de 2026.- Miguel Alejandro Arellano, señalado como esposo y operador político de la diputada local panista Joanna Alejandra Felipe Torres, fue acusado de presuntamente intentar persuadir a representantes de medios de comunicación para impedir la difusión de un video relacionado con el evento que la legisladora organizó sin contar con autorización municipal.
De acuerdo con los señalamientos, en la grabación uno de los presuntos colaboradores de la diputada habría expresado: “Porque es una diputada, no es ciudadanía y no necesita permisos”, al referirse a los requisitos para realizar actividades en espacios públicos.
La declaración atribuida al supuesto colaborador ha generado nuevos cuestionamientos sobre la organización del evento. Sin embargo, hasta ahora no se ha verificado de manera independiente la autenticidad del video ni se han presentado pruebas públicas que acrediten las presuntas presiones atribuidas a Arellano.
Ayuntamiento exhibe antecedentes del evento
La controversia comenzó después de que Joanna Felipe Torres denunciara haber sido víctima del uso de la fuerza pública durante una presentación teatral por el Día de Muertos, organizada en el fraccionamiento San Antonio, en Cuautitlán Izcalli.
Durante una sesión de Cabildo, el alcalde Daniel Serrano Palacios expuso la cronología del caso y aseguró que los organizadores únicamente presentaron un aviso sobre la realización de la actividad, sin tramitar la autorización correspondiente para ocupar el espacio público.
El presidente municipal sostuvo que el Ayuntamiento había enviado previamente apercibimientos sobre los requisitos administrativos y cuestionó las declaraciones de Acción Nacional, al señalar que se omitieron antecedentes relevantes sobre la intervención de las autoridades.
Persisten acusaciones por actuación policial
La legisladora panista ha mantenido su postura de que la intervención de la Policía Municipal constituyó un abuso de autoridad, mientras que el gobierno municipal sostiene que la actividad se desarrolló sin cumplir con las disposiciones establecidas en el Bando Municipal.
La controversia también ha abierto cuestionamientos sobre el trato que deben recibir los representantes populares frente a las disposiciones administrativas, pues el Ayuntamiento insiste en que ocupar espacios públicos requiere autorización, independientemente del cargo de los organizadores.
Hasta el momento, las acusaciones contra Miguel Alejandro Arellano permanecen sin corroboración independiente y no se cuenta con una postura pública verificada del señalado sobre el supuesto intento de impedir la difusión del video.
