Alianza entre CODHEM, DDHH Y Secretarías de Seguridad y Justicia

TOLUCA, Edomex., 14 de marzo de 2018.- “Ni los derechos humanos obstruyen la seguridad ni la seguridad obstruye los derechos humanos”, sentenció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García al signar de manera inédita, un convenio de colaboración con la secretaria de Seguridad del gobierno estatal, Maribel Cervantes Guerrero y el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, para capacitar, formar y profesionalizar a los servidores públicos del sistema penitenciario.

Al anunciar que serán instaladas dos casetas de videollamadas de la Codhem en dos centros penitenciarios para que puedan utilizarlas los internos que consideren afectadas sus prerrogativas y tener la posibilidad de establecer oficinas de enlace para participar en las diligencias, a fin de salvaguardar los derechos de los reos, custodios y personal en general, Olvera García destacó la sensibilidad del titular del poder ejecutivo estatal, Alfredo del Mazo, “de quien reconocemos esa agudeza y esa prestancia, para darle una importancia a los derechos humanos”.

La secretaria de Seguridad  estatal, Maribel Cervantes Guerrero precisó que el reto es construir un sistema penitenciario moderno y eficaz, y el convenio ayudará a ello, pues el objetivo es que verdaderamente se respeten las prerrogativas de las personas, con orden, respeto y disciplina, para proteger a la sociedad del delito, evitando la reincidencia y procurando la reinserción social.

El ombudsperson mexiquense subrayó que ya no se puede ver a la seguridad y a los derechos humanos como una antinomia, porque son elementos necesarios y vinculados, ya que ambos tienen la capacidad de coincidir sin excluirse, de complementarse y fusionarse para dar paso al ejercicio de otros derechos como son la libertad, justicia y la dignidad.

Expuso que tanto quienes cumplen con su función en materia de seguridad, al formar parte de los cuerpos de policía o quienes dirigen los esfuerzos de esos destacamentos, “son invariablemente, protectores y promotores de derechos humanos. Hablamos el mismo lenguaje, y nos mueven los mismos elevados intereses”.

El objetivo de los defensores de derechos humanos y quienes velan por la seguridad,  apuntó,  tienen los mismos objetivos y sin distinción persiguen los fines del Estado que son seguridad, derechos y deberes, por tanto, para poner fin a la inseguridad que vive el país, se requiere colaboración, porque “no es un esfuerzo unilateral, no somos ínsulas, no somos soberanos; en el respeto de nuestra autonomía y nuestra actuación, somos agentes de colaboración comprometidos a dar los mejores resultados”.

Al hacer un llamado a todos para actuar con plena conciencia civil y ética y construir una nueva base de actuación, donde la procuración efectiva de la seguridad, cuide los derechos humanos elementales, pidió hacer cada uno la parte que le corresponde y advirtió que “las armas no son productivas en las manos de la juventud, ninguna nación ha crecido armando a sus ciudadanos; por el contrario, cuando a su alcance se colocan libros, arte, cultura, valores y convivencia, crecemos e incrementamos lasa esperanzas de una vida más equitativa”.

La secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, comentó que el sistema penitenciario es un eslabón esencial para la seguridad, razón por la que se signó dicho convenio, y para respetar la dignidad de las personas privadas de su libertad y familiares, ya se dieron instrucciones para tener una política de derechos humanos digna y con perspectiva de género, como lo indican las Reglas Mandela.

Cervantes Guerrero, indicó que el nuevo modelo penitenciario tiene tres ejes prioritarios: garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; promover la reinserción social efectiva con capacitación, salud y deporte; así como reforzar los centros penitenciarios a través de la profesionalización del personal, protocolos actualizados, mejora de tecnologías e infraestructura, a fin de establecer la gobernabilidad y evitar que se fragüen delitos al interior de los penales.