Choca patrulla estatal en La Marquesa; no hubo víctimas
TOLUCA, Edoméx., 28 de febrero de 2017.- Integrantes de diversas organizaciones sociales con presencia en el Estado de México, activistas en pro de la defensa de los derechos humanos y ciudadanos en general, alistan para el próximo miércoles al medio día, una presencia masiva a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, plasmado en la convocatoria, es el de exigir que no sólo se declare anticonstitucional los artículos 12, fracción III, incisos a) y b), 24, 25, 26, 33, fracción I y 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, denominada Ley Eruviel, como lo propone el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, sino todo el texto de dicha Ley, ya que desde su óptica estaría generando riesgos de abusos masivos contra aquellas personas que protestan en las calles para hacer patente su inconformidad con algunas acciones del gobierno.
«De aprobarse la Ley Eruviel, la SCJN sería cómplice de las violaciones a los derechos humanos de las personas, que el gobierno de Eruviel ha cometido sistemáticamente contra nosotr@s. Es por ello que sostenemos que nada de esta ley es justificable ¡Abajo toda la Ley Eruviel!”, precisa los organizadores de la protesta.
El tercer punto de la resolución que propone el Ministro de la SCJN precisa:
“Se declara la invalidez de los artículos 12, fracción III, incisos a) y b), 24, 25, 26, 33, fracción I y 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México en los términos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria; en la inteligencia de que las referidas declaraciones de invalidez surtirán sus efectos cuando se notifiquen estos puntos resolutivos al Congreso del Estado Libre y Soberano de México”.
En tanto que los dos primeros puntos de conclusiones indican:
Primero: “Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 25/2016 promovida por los integrantes de la LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de México”.
Segundo: “Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 27/2016 y 28/2016, promovidas respectivamente, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México”.
Es de destacar que José Antonio Lara Duque, Coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” y uno de los principales opositores a la referida ley, se ha pronunciado a favor de que no solo se declaren anticonstitucionales los referidos artículos (12 y 40) de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, sino de la totalidad de artículos.
El 18 de marzo de 2016 se publicó en Gaceta de Gobierno la “Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México”, veintiún días después ante las duras críticas y presión de actores políticos del PRD y oposición en general, así como de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG´s), el gobernador Eruviel Ávila Villegas, autor de la propuesta que faculta a los cuerpos policíacos a emplear sus armas letales para “defender” a la sociedad o su propia integridad, se vio obligado a reconocer que los 53 Artículos contemplados en la denominada Ley “Atenco” requieren una revisión profunda.
Ante la oleada de cuestionamientos y dudas sobre si la también identificada Ley “Eruviel” en vez de regular el uso de la fuerza policíaca, podría permitir y facultar de forma legal a que elementos de seguridad cometan abusos al emplear sus armas letales para ir contra personas que hacen público su desacuerdo con alguna política pública, medida gubernamental o simplemente ejercen su derecho de manifestación, el 6 de abril el titular del Poder Ejecutivo estatal deslizó la idea de que su propuesta pudiera ser un error.
Por lo que se sumó a la petición de diputados de oposición para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si su iniciativa es o no inconstitucional.