Análisis geopolítico y económico de la relación México - EU

El respaldo popular, el oportunismo político de algunos actores y la inercia de las crisis ha sido inevitable para que ciertos intereses ajenos a México pretendan imponer una alternativa alineada a sus fines estratégicos.

Ante la posibilidad de que, detrás de las pretensiones de mayor poder y control de seguridad, la presión estadounidense busque generar descontento y desgaste hacia el gobierno actual, se construyen narrativas que pretenden configurar un liderazgo político que , en futuras elecciones resulte más conveniente a los intereses de la economía estadunidense, o bien , generar un desprestigio al gobierno actual, que permita quitarles el control en el poder legislativo.

Este planteamiento obliga a reflexionar y analizar las narrativas que se construyen en torno a estos temas, especialmente mediante el posicionamiento crítico: ¿quién emite la narrativa predominante?, ¿a quién ha servido?, ¿qué intereses representa realmente?

Las presiones de Estados Unidos sobre México son resultado de una serie de factores estructurales, económicos, de seguridad nacional y geopolíticos que configuran una interacción compleja orientada a asegurar el control de los recursos estratégicos. En síntesis: el objetivo es el poder.

Aceptar el neoproteccionismo no desde la izquierda y el subyacente interés real de poder.

Las políticas económicas de Donald Trump han mostrado una clara tendencia hacia el proteccionismo estatal y la reindustrialización de Estados Unidos, lo que representa un desafío —para muchos analistas— a la lógica del neoliberalismo.

Si bien las políticas de Trump reproducen algunos pilares del neoliberalismo, otros autores sostienen que representan una reconfiguración del capitalismo estadounidense orientado a mantener su hegemonía económica global. Aunque cambien las formas, se busca preservar el poder económico y la supremacía global de Estados Unidos.

Entre los objetivos declarados por Trump están: 1) Reducir el déficit comercial con países como China; 2) Reindustrializar Estados Unidos; 3) Fomentar la producción nacional; 4) Promover una política de 'América Primero'.

Estos fines, sin embargo, también reflejan tensiones ocultas: protección de sectores industriales, generación de ingresos fiscales, reducción del poder negociador de otros países, obtención de concesiones comerciales más favorables, y presión para la renegociación de acuerdos internacionales.

A nivel bilateral, el gobierno mexicano ha sido sometido a presiones múltiples, desde medidas arancelarias y afectaciones al comercio agropecuario, hasta cuestionamientos en materia de seguridad y migración. En muchos casos, se ha utilizado el argumento del crimen organizado para justificar posiciones de fuerza.

México es señalado como responsable del alto consumo de drogas en Estados Unidos, especialmente de fentanilo, ignorando que la adicción es un problema estructural de salud pública estadounidense. Esta narrativa exime de responsabilidad al propio sistema estadounidense.

La política energética de México es otro punto de fricción, sobre todo en relación con el acceso a recursos vitales para industrias como la automotriz y la tecnológica, donde Estados Unidos busca asegurar control estratégico.

En este contexto, la narrativa estadounidense culpabiliza a México por problemas estructurales como la producción de drogas, sin aceptar su corresponsabilidad en la demanda. Así, se refuerza una lógica de dominación geoeconómica donde el discurso del combate al narcotráfico oculta objetivos de control político y económico.

En síntesis, más allá de los discursos oficiales, el fondo del conflicto apunta al poder geoestratégico y al aseguramiento de recursos vitales. México se convierte en un campo de disputa entre narrativas, intereses y modelos de desarrollo. El verdadero conflicto está en quién controla los recursos, las rutas, las narrativas y, en última instancia, el futuro político de la región.