Aplicarán nuevo modelo anticorrupción en el Poder Judicial mexiquense

TOLUCA, Edomex., 4 de noviembre del 2026.- El Poder Judicial del Estado de México implementará el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público (MOGERIC) en sus distintas áreas, con el propósito de identificar posibles espacios de vulnerabilidad, establecer controles internos y prevenir actos de corrupción en los procedimientos administrativos y judiciales. Este miércoles se firmó un convenio de colaboración con el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM).

Durante el acto, realizado en el auditorio Mariano Arizcorreta de los Juzgados Civiles y Familiares de Toluca, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Héctor Macedo García, sostuvo que la implementación del modelo permitirá pasar de los pronunciamientos institucionales a medidas concretas para combatir las irregularidades dentro del Poder Judicial. Al respecto, señaló que la confianza ciudadana debe construirse mediante acciones cotidianas y no únicamente con compromisos públicos.

La nueva metodología contempla monitoreo permanente y evaluación de riesgos

“Este modelo propone revisar nuestros propios procesos, reconocer en cuáles pueden presentarse riesgos y tomar medidas para atenderlos a tiempo. Revisar una institución exige reconocer que siempre hay aspectos que pueden fortalecerse; hacerlo con responsabilidad y apertura nos permite mejorar nuestro trabajo y cuidar mejor el servicio que prestamos”, expresó Macedo García.

El magistrado recordó que el pasado 19 de octubre las presidencias del Tribunal Superior de Justicia, del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial suscribieron un pronunciamiento de cero tolerancia a la corrupción y al cohecho, aunado a que añadió que el Poder Judicial mexiquense fue el primero a nivel nacional en implementar este modelo mediante una prueba piloto con la versión 2.0 en distintos juzgados de la entidad, cuyos resultados permitieron realizar ajustes para desarrollar la versión 3.0.

Por su parte, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz Juárez, explicó que el MOGERIC 3.0 representa una herramienta metodológica para fortalecer los mecanismos de vigilancia y control institucional, mediante la identificación, evaluación y atención de posibles riesgos. Junto con esto, destacó que su aplicación responde a compromisos nacionales e internacionales en materia de combate a la corrupción, entre ellos los establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Buscan detectar posibles irregularidades antes de que se conviertan en actos de corrupción

“Entendemos que la administración de justicia no solamente se limita a la impartición de justicia en estricto sentido, la admisión, tramitación y resolución de conflictos y de procesos judiciales. Debemos entenderla también para garantizar que los recursos públicos, los procesos internos y la conducta de quienes integramos esta institución sean intachables”, manifestó Díaz Juárez.

En tanto, Oscar Bazán Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción estatal, destacó que la utilidad del modelo radica en establecer mecanismos que permitan documentar las actuaciones de las instituciones, identificar responsabilidades y dar seguimiento a las medidas preventivas. También, consideró que esta metodología también puede ofrecer mayor certeza a la ciudadanía sobre la atención que recibe al realizar trámites o solicitar servicios de justicia.

“Dejar constancia de qué se hizo, quién intervino, cuándo actuó, con qué evidencia respaldó cada paso y comprobar si las medidas preventivas se estaban cumpliendo. Para nosotros, la ciudadanía, esa trazabilidad puede traducirse en mayor claridad sobre sus trámites y mejores elementos para exigir una atención íntegra”, sostuvo.

En específico, el modelo contempla distintas etapas de trabajo: identificación y descripción de riesgos, evaluación y análisis operativo, priorización de las áreas que requieren atención, monitoreo permanente y revisión sistemática para mejorar los controles. Durante el evento también participó la magistrada Nancy Flores Mendoza, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, quien señaló que la prevención de la corrupción es una responsabilidad compartida y que los resultados deberán reflejarse en la calidad, oportunidad y transparencia del servicio que reciben los ciudadanos. Al acto acudieron representantes de los poderes públicos, organismos fiscalizadores, autoridades municipales, integrantes del sistema anticorrupción y servidores públicos estatales y municipales.