ASF vuelve a observar daños a la hacienda pública por Eruviel Ávila

-Informe de Cuenta Pública 2016 revela posibles actos de corrupción y afectaciones al desarrollo social de los mexiquenses. ¿En qué campaña terminarían esos recursos?

Excelente semana para ustedes, amig@s de Quadratín!

El pasado 21 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo pública la tercera entrega de los informes individuales correspondientes al mes de febrero sobre los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2016. Como ya es costumbre, el gobierno estatal priísta encabezado entonces por Eruviel Ávila resultó raspado.

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el ente fiscalizador determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 487 millones 333 mil 200 pesos, y falta de aplicación de recursos por un importe de 195 millones 500 mil 800 pesos.

En el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que financia al sistema DIF y la construcción de escuelas, la ASF señala que el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, por falta de aplicación de recursos por 592 millones 019 mil pesos, que representan 35.6 por ciento de la muestra auditada. A pesar de las carencias, el gobierno de Eruviel Ávila fue incompetente hasta para gastar.

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, a la fecha de la auditoría se dejaron de ejercer recursos del fondo en los componentes de infraestructura educativa básica, infraestructura educativa media superior e infraestructura educativa superior por 574 millones 784 mil 900 pesos, que representaron 29.9 por ciento de los recursos asignados.

Por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el ente superior informa que, en el ejercicio de los recursos, el Gobierno priíista incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino, transparencia del ejercicio de los recursos y obra pública, lo que generó la falta de aplicación de 29 millones 524 mil pesos. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado no había ejercido 17.7 por ciento de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017), aún no ejercía 7.8 por ciento, lo que generó retraso en el cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional.

Ahora podemos explicarnos una más de las razones por las que la seguridad pública de nuestro estado es un desastre.

Por cuanto al Fondo de Infraestructura Social (FAIS), el Gobierno de Eruviel Ávila generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3 millones 757 mil pesos y la falta de aplicación de recursos por 17 millones 864 mil 400 pesos.

En otros rubros, como el Programa Escuelas de Tiempo Completo, el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Aún cuando la ASF no especifica cuáles fueron éstas, lo más probable es que quien gobernó se haya quedado con el impuesto en cuestión que debía haber enterado al fisco federal.

Por lo que atañe a los Programas y Fondos Federales, el ente fiscalizador refiere que de los 5 mil 509 millones 450 mil 300 pesos ministrados al Gobierno del Estado de México con cargo a los fondos Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, y al programa de Fortalecimiento Financiero, al último día hábil de diciembre de 2016 no se comprometieron 620 millones 809 mil 900 pesos. Además, de los recursos comprometidos no se ejercieron mil 689 millones 013 mil 200 pesos a la conclusión de los calendarios de ejecución de esos fondos; y en tres contratos revisados no se aplicaron penas convencionales por 31 millones 674 mil 800 pesos por no concluir los trabajos en los plazos establecidos, y un contrato por un monto de 149 millones 595 mil 600 pesos más IVA, que a la fecha de la revisión (noviembre de 2016) no se había iniciado.

En el mismo tenor, al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de México no había ejercido 81.8 por ciento de los recursos transferidos para Proyectos de Desarrollo Regional, y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2017) aún no se ejercía 8.5 por ciento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3 millones 357 mil 500 pesos.

Las observaciones no sólo revelan posibles actos de corrupción, sino también afectan directamente al desarrollo social de los mexiquenses, tantas veces postergado, y reflejan al priísmo rapaz e inconsciente.  ¿En qué campaña terminarían esos recursos?