Asigna Poder Judicial del Edomex 143 brazaletes de rastreo durante 2026
TOLUCA, Edomex., 22 de mayo del 2026.- Como parte de las estrategias para combatir la saturación que afecta a los centros penitenciarios de la entidad, autoridades del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) revelaron la entrega de 143 brazaletes de monitoreo electrónico durante los primeros cinco meses de este 2026. Esta medida busca ofrecer una alternativa de reinserción anticipada fuera de los penales a reclusos que no representan un peligro para la sociedad, beneficiando mayoritariamente a hombres y sumando apenas a cuatro mujeres en el padrón actual.
Este programa funciona a través de un centro de monitoreo que vigila de forma permanente la ubicación de los portadores mediante geolocalización, a fin de que los internos que obtienen este beneficio concluyan parte de su condena fuera del penal, ya sea en resguardo domiciliario o con restricciones de movilidad, permitiéndoles trabajar o estar con sus familias, siempre bajo supervisión tecnológica.
Solo el 11% de usuarios de brazalete han perdido el beneficio por reincidencia
Desde la puesta en marcha de esta medida en noviembre de 2020 hasta la fecha, el estado acumula un registro total de dos mil 942 brazaletes instalados. Las estadísticas muestran que el programa ha tenido una efectividad superior al 88 por ciento; sin embargo, en los últimos seis años se registraron 347 casos de personas que perdieron el beneficio y reingresaron a prisión, lo que equivale al 11.8 por ciento del padrón histórico.
Asimismo, el reingreso a la cárcel ocurre cuando los portadores violan las restricciones de distancia impuestas por los jueces, dañan el aparato o cometen un nuevo delito. De igual forma, abogados penalistas señalan que el beneficio se revoca inmediatamente si se detecta que los usuarios intentan alterar el rastreo satelital cubriendo el dispositivo con materiales como papel aluminio, o si cometen ilícitos portando el equipo.
Jueces deliberan de manera individual cada solicitud
Para acceder a esta libertad vigilada, un abogado debe solicitar el trámite ante un juez de ejecución, quien evalúa el expediente y la conducta del interno, ya que la ley exige a los solicitantes requisitos como ser primo delincuente, tener domicilio fijo, comprobar una fuente de ingresos lícita y no haber cometido delitos de alto impacto como secuestro o delincuencia organizada. Esta última restricción genera controversia, como ocurrió en Ecatepec, donde colectivos protestaron para exigir la preliberación de un hombre sentenciado por feminicidio.
Cabe resaltar que, el factor económico es uno de los temas más debatidos, ya que el costo del brazalete suele ser cubierto por el propio recluso y no por el gobierno. Los gastos implican un depósito inicial de entre 15 mil y 20 mil pesos, sumado a una renta mensual que va de los mil 200 a los 3 mil 500 pesos y dependiendo del tiempo que falte para cumplir la condena, el costo total para el interno puede oscilar entre los 60 mil y los 81 mil pesos.
